La Comisión de Justicia aprueba por unanimidad instar al Ejecutivo de Rajoy a que cree una regulación específica para proteger a los denunciantes de corrupción. La unanimidad ha llegado al Congreso. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja ha acordado reclamar al Gobierno la redacción de un proyecto de ley de protección a los denunciantes de casos de corrupción bajo una regulación específica que no solo aborde esta problemática sino que conlleve la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Una exigencia que vienen realizando, en numerosas ocasiones, los propios denunciantes, así como la Plataforma X la Honestidad.
Según ha recogido Europa Press, los grupos parlamentarios han respaldado una enmienda de modificación presentada por el grupo parlamentario socialista a la proposición no de ley registrada por el PNV. En dicha iniciativa, la formación instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a elaborar un Libro Blanco en el que se regulara en el ordenamiento jurídico la protección de denunciantes, peritos y testigos que prácticas corruptas.
De hecho, las críticas a la actitud del Gobierno no han faltado. Tal y como ha acusado el diputado socialista Artemi Rallo, el Ejecutivo se ha dado “por satisfecho” con la aprobación de un “pseudoplan” contra la corrupción que, a su entender, no ha tenido verdades aplicación. Una objeción que ha lanzado en referencia al pacto anticorrupción aprobado en la Cámara Baja en febrero de 2013 y que salió adelante pese a la abstención del PSOE.
Por ello, el PSOE ha manifestado la necesidad de instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley por iniciativa suya: “Creemos que el medio en este momento más útil para acometer el objetivo (de proteger a los denunciantes de corrupción) es una iniciativa del Gobierno”. No obstante, el diputado socialista ha asegurado que se mostrarán “muy vigilantes” con el cumplimiento que pueda realizar el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre esta proposición.
Por su parte, el diputado del PP Francisco Molinero, vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia, ha coincidido en el diagnóstico que el parlamentario socialista ha hecho de la situación actual. A pesar de ello, Molinero ha querido dejar claro que su formación “es el partido más implicado” en la lucha contra esta práctica y que España en la actualidad cuenta con un marco normativo garante de los derechos de víctimas y denunciantes.
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