La Iglesia recibe cerca de 250 millones de euros de los contribuyentes a pesar del compromiso adquirido para autofinanciarse fijado en los acuerdos con la Santa Sede. Los siete consejeros del Partido Popular en el Tribunal de Cuentas han aprovechado su mayoría en el órgano para impedir la fiscalización del dinero que recibe la Iglesia Católica recibe a través de la casilla de la Renta.
De hecho, nunca se ha conocido el uso exacto que la Iglesia da a ese dinero, a pesar de su procedencia pública. Los cinco consejeros socialistas presentes en el Tribunal de Cuentas han votado en contra del acuerdo alcanzado por sus homólogos populares, ya que incluir en el programa la fiscalización de la Iglesia católica «responde a una demanda social”.
Son palabras textuales recogidas en un texto firmado por cuatro de los consejeros propuestos por el PSOE en el órgano y que ha sido publicado por la cadena SER. En él, se determina que el sistema de financiación de la Iglesia Católica “si no opaco, al menos es poco transparente”. Según los consejeros socialistas, la Conferencia Episcopal “no ofrece suficiente información” sobre las operaciones económicas financiadas por el Estado.
Se calcula que la Iglesia recibe cerca de 250 millones de euros provenientes de los contribuyentes. Una cantidad considerable si se tiene en cuenta el compromiso de autofinanciación adquirido por la compañía eclesiástica en los acuerdos con la Santa Sede. Más de 35 años después de aquel pacto, “el compromiso se debería actualizar y evaluar”, consideran los consejeros socialistas, que según la emisora de Prisa, subrayan el esfuerzo por ser transparentes que han realizado otras instituciones, como la Casa Real.
Además, el hecho de no fiscalizar las cuentas de la Iglesia Católica procedentes del dinero público ‘enerva’ a alguno de los consejeros del Tribunal de Cuentas porque ya cuentan con beneficios como las “exenciones en determinadas actividades de impuestos como el de sociedades y el IVA, el de Sucesiones, donaciones y trasmisiones patrimoniales”.
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