Cáritas se suma al clamor contra las devoluciones automáticas en Ceuta

Las ONG de la Iglesia piden el fin de las devoluciones en caliente uniendo sus voces a las de SOS Racismo, Amnistía Internacional y la Abogacía Española. Las ONG de acción social de la Iglesia católica –Cáritas, CONFER y Justicia y Paz— condenan las devoluciones automáticas de emigrantes subsaharianos que se produjeron en la madrugada del 1 de enero en el perímetro de la valla fronteriza entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y Marruecos, uniéndose a las protestas por estas prácticas que ya han realizado Amnistía Internacional, SOS Racismo y el Consejo General de la Abogacía.
 
Dichas entidades de la Iglesia -que recuerdan que están presentes en ambos lados  de la  frontera de Ceuta- expresan  su dolor por los sucesos ocurridos en la valla y reiteran su rechazo a las devoluciones sumarias, para lo que apelan al “dictamen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ya en 2015 advirtió que la enmienda a la Ley de Extranjería aprobada en su día no avala las devoluciones automáticas, además de recordar el imperativo formulado para que España cumpla en esta materia sus obligaciones internacionales con el respeto a los derechos humanos”.
 
En un duro comunicado colgado en la web de Cáritas, están entidades advierten que “ las medidas y actuaciones adoptadas en torno a la frontera únicamente consiguen incrementar aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte de las personas migrantes y de los solicitantes de protección internacional” y denuncian que su impotencia crece “ante las esperanzas truncadas de estas personas, que, en su penosa travesía de miles de kilómetros por el corazón de África, llevan a sus espaldas un largo historial de abusos, agresiones y precariedad extrema, mientras esperan la ocasión de llegar a Europa en busca de un futuro de dignidad y derechos para ellos y sus familias”.
 
Por ello, dichas entidades reclaman “un modelo de gestión de fronteras que no se centre únicamente en temas de seguridad, sino que también se comprometa con el respeto a la vida, la integridad personal y los derechos humanos”. Y recuerdan que es  urgente, “que todos nos preguntemos qué es lo que está fallando a la hora de articular una política de fronteras basada en los principios humanitarios y capaz de garantizar vías de acceso seguras a las personas que huyen de la miseria y la violencia que asola sus países”.
 
Desde estas ONG reconocen que no quieren acostumbrarse  “al inmenso sufrimiento humano del que somos testigos a diario en las vidas de tantas personas que siguen llegando desde África y que intentan acceder a Europa en busca de una vida segura y digna”. Y hacen un llamamiento a toda la ciudadanía “para mantenerse alerta ante las causas de esta sangrante realidad humana y trabajar juntos para evitar esta inhumanidad del alambre, y para que su dolor y sufrimiento no se conviertan en una rutina deshumanizadora”.
 
Finalmente, recuerdan la exhortación del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo: “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes“.
 
 
La Abogacía también alza su voz
 
La voz de la Iglesia se une a la del Consejo General de la Abogacía Española que también expresa su preocupación ante las devoluciones en caliente realizadas el pasado 1 de enero en la valla de Ceuta, fecha en la que más de un millar de personas intentaron entrar en España saltando el perímetro fronterizo.
 
La Abogacía Española recuerda nuevamente en un comunicado que “nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada”. También reitera que todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional aplicada en España, y en consecuencia, seguir el ‘principio de no devolución’. Y hace notar que “la ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional”.
 
La Abogacía quiere mostrar su preocupación por todas las personas que sufrieron lesiones y fueron expulsadas a Marruecos, donde se desconoce si han recibido la atención médica necesaria, y exige el cese inmediato de este tipo de prácticas que conculcan derechos fundamentales de las personas.
 
Remarcando que  “resulta inexplicable que, pese a las reiteradas advertencias realizadas por el Consejo de Europa a lo largo de 2016 en relación a este tipo de prácticas, se sigan cometiendo irregularidades ya denunciadas”. 

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