Carlos Sánchez Mato asegura que tanto el Consistorio como la empresa Madrid Calle 30 tomará “las decisiones oportunas” tras el informe de la Cámara de Cuentas. La gestión de la M-30 por parte del Partido Popular ha quedado en entredicho este martes por la Cámara de Cuentas de Madrid. Definida como gravosa para el interés general, el organismo independiente ha apuntado al Ayuntamiento de Madrid que dirigía Alberto Ruiz-Gallardón cuando era alcalde. Algo que no va a dejar pasar el actual Consistorio de Manuela Carmena.
El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que tanto el Gobierno local como la empresa Madrid Calle 30 “tomarán las decisiones oportunas” por el “lesivo” modelo de gestión que ha constatado la Cámara de Cuentas. “El Ayuntamiento y la presidencia de la empresa simplemente toma en consideración el informe emitido”, ha valorado el político de Ahora Madrid.
Por ello, el Ayuntamiento de Madrid y la compañía se han decantado a emprender las acciones “oportunas que se derivan de la realización de este informe”. No obstante, el concejal ha sostenido que el informe del organismo deja “claramente” que el “modelo de gestión de la empresa pública mixta es claramente lesivo para los intereses públicos” cuando el PP estaba en el poder.
Por el momento, los próximos movimientos que se realizarán en este sentido será llevar al consejo de administración de Madrid Calle 30 y posteriormente a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid esta cuestión. Todo con un objetivo, según Sánchez Mato: “Resolver los problemas que tanto dinero están costando a todos los madrileños”.
Según el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, la privatización del modelo de gestión, que ha costado ya al Ayuntamiento 554 millones de euros, no vino acompañada de los necesarios estudios técnicos, jurídicos y financieros. A su vez, el organismo ha destacado que el pago anual al socio privado no está calculado en función de un estudio económico de viabilidad del servicio sino en base a una rentabilidad fija del 7,053%, así como que el mantenimiento del préstamo subordinado de la sociedad adjudicataria por su coste excesivo.
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