Acusan a Cifuentes de no velar por las personas con discapacidad

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad  Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid recoge firmas contra los recortes «desmedidos». “Actualmente las personas con discapacidad  física en la Comunidad de Madrid están en una situación de gran vulnerabilidad, debido a que la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid ha creado una Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad que no solamente no está velando por los intereses del colectivo, sino que está aplicando recortes ‘desmedidos’ y ‘en silencio’ que afectan seriamente a ellos y  a sus familiares”. Con estas palabras comienza la petición de firmas que ha iniciado la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad  Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe) en Change.org, un campaña cuyo objetivo principal es paralizar las políticas de recortes que aplica el Gobierno de Cristina Cifuentes.
 
La federación explica que “esta política de recortes afecta directamente a las 194.200 personas con discapacidades físicas y orgánicas de la región, a las que representa Famma., entre los que se encuentran: la desaparición de las ayudas para la movilidad de las personas con movilidad reducida (PMR), la desaparición total de las ayudas para la compra de material ortoprotésico, la inexistencia de Políticas Activas de Empleo para la inserción de trabajadores con discapacidad, la falta de medios de acceso a la educación con carácter inclusivo para personas con discapacidad física o la inexistencia de cupos de plazas en residencias que cubran las situaciones de emergencia de personas con discapacidad.
Dicha campaña también pretende denunciar, según Famma-Cocemfe,  “la práctica desaparición de ayudas para eliminación de barreras en viviendas y para el fomento de la accesibilidad, así como la lista de espera existente en el Centro de Valoración de la Discapacidad Infantil (CRECOVI) y la falta de coordinación entre la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección General de Dependencia y Servicios Sociales.”
 
También recimina dicha federación que “la lista de espera de 1.245 personas en la región que aún no han sido valoradas por Dependencia, pese a haber solicitado el acceso al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y la vulneración continua de los preceptos que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
 
Además, Famma lamenta “el modo de proceder de la Administración regional, pues ha aplicado un tijeretazo en el último mes sobre las subvenciones públicas que, precisamente, apuntalan la actividad de los centros que prestan servicios y atención directa a las personas con discapacidades de tipo físico y orgánico sin medir las consecuencias de tal recorte sobre su situación y recursos, así como sobre los efectos que este recorte puede causar sobre el bienestar de las personas con discapacidad física y orgánica. Por último, la Federación considera inadmisible el modo de actuar de la Comunidad de Madrid, pues no se ha preocupado en absoluto por los efectos negativos que su política de recortes puede provocar en el tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica”.
 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)  ha emitido un comunicado para  mostrar su apoyo a la campaña de recogida de firmas promovida en  Madrid
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, asegura que “durante la crisis el foco se ha puesto en otras cuestiones y parece que a las personas con discapacidad no nos han afectado las políticas de recortes aplicadas de forma generalizada por todas las administraciones, pero lo cierto es que hemos sufrido de forma virulenta sus efectos y todavía lo seguimos haciendo hoy en día”.
 
“La Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello al haber eliminado ayudas, tener dilatadas listas de espera, vulnerar los preceptos de las convenciones internacionales de derechos humanos y discapacidad, desatender situaciones de emergencia y ofrecer apoyos deficientes a la educación y el empleo del colectivo”, afirma Anxo Queiruga.
 
14 quejas
 
-Práctica desaparición de las ayudas para la movilidad de las personas con movilidad reducida (PMR).
 
-Dejación de sus funciones ante casos de emergencia de personas con discapacidad física que tienen necesidad de ingreso en residencia por graves situaciones sociales y familiares, atendiendo estos casos en meses y no de forma inmediata.
 
-Desaparición total de las ayudas para la compra de material ortoprotésico.
 
Desaparición de ayudas para eliminación de barreras en viviendas y para fomento de la accesibilidad.
 
-Falta de medios de acceso a la educación con carácter inclusivo para personas con discapacidad física.
 
-Eliminación de ayudas para el transporte escolar de rutas de transporte adaptado.
 
-Inexistencia de Políticas Activas de Empleo para la inserción de trabajadores con discapacidad.
 
-Falta de coordinación entre la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección General, Dependencia y Servicios Sociales.
 
-Inexistencia de cupos que cubran las situaciones de emergencia de personas con discapacidad en residencias.
 
-Lista de espera de 1.245 personas en la región que aún no han sido valoradas por Dependencia, pese a haber solicitado el acceso al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).
 
-Lista de espera en el Centro de Valoración de la Discapacidad Infantil (CRECOVI).
 
-Lista de espera en la Atención Temprana de niños con discapacidad física.
 
-Vulneración de los preceptos que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos.
 
-Vulneración de los preceptos que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.