La Ley de Dependencia cumple 10 años entre “hachazos mortales” por decreto de Rajoy 

La Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia y UGT reclaman al Gobierno que revierta los recortes y asegure la financiación. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, más conocida como ley de dependencia, cumple mañana diez años entre recortes y con miles de afectados sin asistencia, por lo que -tal y como destacan desde la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia  y  desde la UGT– hay poco que celebrar y mucho que reivindicar, especialmente ante el Gobierno de Mariano Rajoy al que los colectivos de dependientes acusan de haber asestado un “hachazo mortal” a la normativa vía Real Decreto.
 
La Coordinadora recuerda en un comunicado que “con el nacimiento de la Ley de Dependencia se vinieron a reconocer derechos a un colectivo que hasta ese momento sobrevivía gracias a la atención y cuidados de sus familias, y de los que el Estado jamás se había ocupado”, subrayando que la normativa “no sólo reconocía derechos a las personas en situación de dependencia, también reconocía la labor de aquellas personas encargadas de su cuidado (el 93% mujeres), y que desde tiempo inmemorial habían renunciado a su puesto de trabajo y a su desarrollo personal y social para atender al familiar con dependencia” ya que  “el Estado empezó a cotizar por estas mujeres, para que llegado el momento, tuviesen acceso a una pensión de jubilación.
 
Pero también recuerda la plataforma que “tras la alegría inicial de los primeros años, las lagunas empezaron a aflorar: la financiación no era clara, los servicios no cubrían las necesidades de todas las personas en situación de dependencia(no se había tenido en cuenta los miles de niños que se debería atender, estaba pensada casi, solo para ancianos); muchas comunidades autónomas eran reticentes a su implantación…, haciendo especial hincapié en el punto de inflexión que para la ley supuso la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central.   
 
Subrayan estos colectivos de dependientes  que “con el Decreto de enero de 2012, se dio el primer golpe a la normativa, con la eliminación y recorte hasta la mínima expresión del nivel mínimo y el nivel acordado con las distintas comunidades” y añaden con “el Decreto de julio de 2012, se le dio el hachazo mortal, con un recorte del 15% en las prestaciones y la expulsión de la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar”.  Haciendo notar la coordinadora que a partir de esta reforma “la cotización a la Seguridad Social pasó a ser de carácter voluntario, y correría por cuenta del cuidador; esto llevó a que más del 90% renunció a cotizar, ya que era dinero que tendrían que quitar a su familiar con dependencia” advirtiendo que “esta medida traerá, más pronto que tarde, un inmenso ejército de mujeres pobres, a las que el Estado deberá dar respuesta”.
 
UGT, por su parte, también responsabiliza de la paralización de la ley a “los efectos demoledores de los recortes y reformas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en estos últimos años” y denuncian que el citado  Real Decreto Ley 20/2012 ha conducido “a un descenso de las personas atendidas; una reducción del número de horas de atención en el domicilio (aun cuando siempre fueron insuficientes); la falta de atención a las personas en situación de dependencia; una incompatibilidad completa de las prestaciones; la disminución de la cuantía de las prestaciones a percibir; la suspensión de la obligación de realizar el convenio especial, cuya cotización era sostenida por la Administración del estado, ya que más de 140.000 cuidadores dejan de cotizar a la Seguridad Social y se ha incrementado el copago…”
 
Además, el sindicato da cifras concretas que demuestran “la escasa cobertura del sistema, ya que no es capaz de cubrir a todos los que necesitan la ayuda, denunciando que desde 2011, el Gobierno ha disminuido el presupuesto a esta partida en 619 millones menos, cuando hay 150.000 potenciales beneficiarios más, y aún hay en lista de espera más de 350.000 dependientes esperando la ayuda”.
 
Asimismo, la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia  recuerda otra cifra, no por repetida menos sangrante: “En los cinco últimos años han fallecido más de 125.000 personas en situación de dependencia con una prestación o servicio ya reconocido y que nunca han llegado a recibir”, una situación que achacan, en  gran parte a “que el Gobierno Central alargó los plazos para crear retroactividad hasta los tres años, con el único fin de que la “evolución vegetativa” (muerte) les ahorrara costes y al mismo tiempo reducir la lista de espera” y aseguran que “aunque  es duro decirlo, esa reducción (de las listas de espera) debemos buscarla en los cementerios de todo el país”.
 
Por ello, el colectivo que defiende los intereses de las personas dependientes y sus familias  pide que la situación se revierta lo que pasaría por la derogación inmediata del Real Decreto de 2012.
 
Y  es que -tal y como dejan claro en el contundente comunicado en el que hacen balance de los diez años de la ley y en el que hablan en primera persona- “necesitamos recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar; necesitamos recuperar los niveles mínimo y acordado; necesitamos unos presupuestos realistas; necesitamos que se unifiquen los criterios de valoración: no se puede ser gran dependiente en Valencia y moderado en Madrid; necesitamos que se blinden los derechos de las personas en situación de dependencia; en definitiva, necesitamos que de una vez el Gobierno que nos ha tocado en suerte, se decida a cumplir con su obligación de atender a las personas en situación de dependencia”. Con un mensaje claro: “Casi un millón y medio de personas que necesitan del compromiso de toda la sociedad en general y de los gobiernos correspondientes en particular”.

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