La plataforma presenta un escrito a la Mesa del Congreso y a los grupos para que, entre otras cosas, se deroguen los acuerdos con la Santa Sede. Europa Laica quiere “respetar y garantizar el derecho a la libertad de conciencia y a la neutralidad del Estado ante la cuestión religiosa”. Para ello, la plataforma presentó este miércoles en el registro del Congreso un documento de iniciativas legislativas y propuestas no de Ley dirigidas a la Mesa, a la Comisión de Peticiones y a los propios grupos parlamentarios en las que incluye la eliminación de la X a favor de la Iglesias en la Declaración de la Renta.
“Con carácter de urgencia”, afirma Europa Laica, se debe presentar una Proposición No de Ley para que en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 “desaparezcan” las casillas de la “Asignación Tributaria a favor de la Iglesia católica y la de actividades de interés social”. Esta es una de las ocho propuestas de este colectivo. Junto a ella reclaman que “en el plazo máximo de tres meses” se elabore una Iniciativa Legislativa para la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, así como del Concordato de 1953.
También la elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia que sustituya a la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, que “garantice la neutralidad de los poderes públicos ante la cuestión religiosa”, así como “la igualdad de trato para toda la ciudadanía independientemente de sus convicciones y creencias”.
Europa Laica apuesta por un Protocolo Civil “de obligado cumplimiento” para todas las administraciones que “garantice la no confesionalidad del Estado en los actos oficiales”. Otro de los puntos atañe a la anulación de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1946, “retrotrayéndose a su anterior situación registral”.
La modificación del Código Penal para eliminar el delito de blasfemia, el respeto a la muerte digna y garantizar una Enseñanza laica forman parte de las propuestas llevadas a la Cámara baja por Europa Laica. Una plataforma que espera que las fuerzas políticas y las instituciones “recojan y articulen la solución de estas reivindicaciones que suponen un paso necesario que no puede dilatarse por más tiempo para avanzar en la normalización de un Estado de Derecho”.
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