El sindicato estudiantil advierte que en caso contrario el próximo año estará «lleno de huelgas». Los estudiantes han vuelto a salir de las aulas para pedir la retirada inmediata de las reválidas educativas, la derogación de la Lomce y el fin de los recortes en Educación. La jornada de huelga, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha contado con un seguimiento cercano al 85% en la enseñanza secundaria y bachiller, según datos ofrecidos por Ana García, secretaria general del sindicato. El gobierno, en cambio, tilda de “insignificante” y “nulo” el seguimiento del paro, según recoge la Agencia EFE.
En cualquier caso, lo cierto es que la manifestación de protesta convocada en Madrid ha contado con una participación significativamente menor que la del pasado 26 de octubre, cuando una marea de estudiantes inundó las calles del centro de Madrid. En esta ocasión, los asistentes no han superado las 3.000 personas. Aun así, Ana García, la líder del sindicato estudiantil ha calificado la jornada como “todo un éxito”.
¡Comenzamos la manifestación en Madrid! #NoALasRevalidas24N pic.twitter.com/vH0tU9q7MM
— SindicatoEstudiantes (@SindicaEstudian) 24 de noviembre de 2016
Ante la noticia de que el gobierno planea modificar el calendario educativo y dejar las reválidas en un stand-by próximo a la retirada, la líder estudiantil asegura que “solo son palabras” y una maniobra de “distracción” con la que pretenden “engañar” a los estudiantes. Ana García considera que la presión social provocada por las huelgas ha visibilizado “tanto” la debilidad del gobierno del Partido Popular, que el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, se ve obligado a mostrarse ‘ambiguo’.
La secretaria general del Sindicato de Estudiantes pide al Ejecutivo “más hechos que palabras”. Por eso ha decidido plantar un ultimátum al Gobierno, avisando que si mañana no retiran, después del Consejo de Ministros, las reválidas educativas, “volveremos a llamar a la huelga y será un año lleno de ellas”.
El @SindicaEstudian pide en Madrid la derogación inmediata de las 'reválidas' "franquistas" pic.twitter.com/Ym6wFgarpW
— EP Educación (@EPeducacion) 24 de noviembre de 2016
La movilización ha contado con el apoyo de Comisiones Obreras, de la CEAPA y de Unidos Podemos, entre otras organizaciones. De hecho, la diputada de la formación política, Sara Carreño, ha participado en la manifestación convocada en Madrid para trasladar el calor que la formación morada pretende dar a los estudiantes.
Las movilizaciones se han extendido a varias ciudades del país, como Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao, donde se han producido enfrentamientos entre la policía y estudiantes de la Universidad del País Vasco de Leioa (Vizcaya). Un caso único pues la mañana ha transcurrido sin grandes sobresaltos.
El Gobierno cambia la prueba
Al mismo tiempo que sucedía la manifestación, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha recibido esta mañana en la sede del Ministerio al Presidente de CRUE-Universidades Españolas, Segundo Píriz.
En la reunión, el ministro ha expuesto las modificaciones que se han producido en el diseño de la prueba de acceso y admisión a la universidad. Con estos cambios, el Ministerio ha fijado una estructura similar a las antiguas PAU, “facilitando a los estudiantes su realización y su preparación, reduciendo la incertidumbre a la que se tienen que enfrentar los jóvenes y manteniendo el distrito único”, asegura el comunicado que ha compartido el ministerio.
En la nueva configuración, aseguran, “los estudiantes sólo se tendrán que examinar de las asignaturas troncales, se asegura la participación de las universidades -en coordinación con las Comunidades Autónomas- en su realización y el mantenimiento del distrito único en la admisión”.
Sin embargo, a pesar de este comunicado, Ana García ha insistido en que no se fía mientras “no se cambie ninguna coma”.
“Es una maniobra de distracción. No vamos a ceder a ningún chantaje. Si el gobierno del PP pretende presentar un Pacto de Estado por la Educación que en realidad signifique legalizar los recortes de 7.000 millones en la Educación pública y los 32.000 despidos de profesores, ese pacto no vale para nada”, ha concluido Ana García.
