El espionaje a Ignacio González se pagó con facturas falsas y se encargó desde el PP de Madrid

Representantes del expresidente de la Comunidad de Madrid se reunieron en marzo de 2011 con los abogados del detective que le siguió a Colombia. El espionaje en Colombia al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se ordenó desde el PP, tuvo un coste de 300.000 euros y se pagó con facturas falsas. Así se recogen en las grabaciones que publica este jueves El Mundo sobre la reunión secreta que protagonizaron en marzo de 2011 los abogados del detective Mariano Ortiz, que realizó los seguimientos, con dos representantes de González. Una cumbre sobre el espionaje en la Comunidad que tuvo lugar en las dependencias del Gobierno madrileño.
 
Este encuentro tenía como objetivo conocer de primera mano quién ordenó el trabajo de seguimiento a González junto a la cúpula del Canal de Isabel II entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008. Así como saber cómo se financió. Y es que, según el mencionado diario, el expresidente autonómico sospechaba de su entorno y, en concreto, del por entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados.
 
El Gobierno madrileño propuso a los letrados Alejandro Mata y Julio Hernández, abogados del mencionado Ortiz, que este último confesara lo que supiera a cambio de intentar de rebajar su hipotética condena en el procedimiento judicial por revelación de secretos en el que se investigan los hechos y en el que la acusación la ostenta todavía la Comunidad de Madrid. Se instó a los letrados del detective que contasen “toda la verdad” sobre este asunto, remarcando que su cliente tenía prácticamente la condena asegurada en el proceso judicial, ya que fue quien llevó a cabo los seguimientos en Cartagena de Indias.
 
“A ver si lo hemos entendido bien”, dijeron los representantes de González al inicio de esta reunión, que señalaron que “Mariano (Ortiz) tenía conocimiento, sabía las personas que habían ordenado toda la investigación de Ignacio González… y es el que realizó la investigación material”. Algo que sorprendió a los abogados del detective, que, según El Mundo, mostraron su de incredulidad ante la insistencia de González y sus enviados en saber quién estaba detrás del encargo.
 
“Entendemos, con todo el respeto, que este procedimiento no va a tener para nuestro cliente ninguna consecuencia jurídica negativa, porque lo que se está persiguiendo es un posible delito de revelación de secretos en el que no ha intervenido”, aseguraron los letrados Mata y Hernández. “A nuestro cliente se le encomienda que viaje a un lugar y hace una investigación a las personas que le dicen con independencia de conocer la relevancia política y social de estas personas. Lo que nos sorprendía es que hasta ahora nadie ha desvelado nada y se pretende que sea nuestro cliente el que lo desvele. Y, claro, después de la conversación que hemos mantenido con nuestro cliente nos sorprendía que [González] quisiera seguir hasta el final con el tema”, continuaron los letrados del investigador. “Él ha cumplido con su trabajo como detective, no se le paga y luego se le quiere meter en este procedimiento”, remarcaron.
 
Incluso, uno de los letrados del detective, Alejandro Mata, advierte sobre las posibles consecuencias de que se conozca lo que pasó. “No parece que fuera a beneficiar [a González] que se supiera quién había dado la orden de hacer esos seguimientos. Nuestro cliente lo que quiere es quitarse de en medio de esto y, en principio, no parece que vaya a tener ningún problema”. Y es el momento en el que, según esta grabación, se apunta al PP.
 
“¿González no sabe quién ha hecho ese encargo de que se le siga y se le investigue? Decidnos si sí o si no”, preguntan los representantes del detective a los emisarios del ‘número dos’ de Aguirre. Algo a lo que estos últimos responden: “Hemos abierto un procedimiento y llevamos camino de dos años y desde el principio el interés del cliente es saber quién es el encargante y toda la verdad en relación a esta situación. Por un lado, está el seguimiento a Colombia, la investigación patrimonial a Ildefonso [de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II], no pudiendo nosotros excluir que todo esté conectado, porque hay una coincidencia en el tiempo”. “El interés es saber todo: encargantes, motivaciones, pagos, cantidades, ingresos… todo”, destacan.
 
Tras esto los abogados del detective empiezan a dar datos: “Por referencias, nuestro cliente cree saber quiénes son los encargantes y cómo se hizo el pago a [la agencia de detectives madrileña] Mira, porque el pago se hizo. Fueron 300.000 euros”. Asimismo se desvela que el pago de este dinero “no se realizó a través de metálico” sino que “aparecerá otro concepto” y “hay terceros que están también involucrados”.
 
En cuanto a quien encargó este seguimiento, los letrados destacan que “el seguimiento de Ignacio González parte de una cuestión política […]. Por lo que nuestro cliente sabe que la orden parte del entorno del Partido Popular […] Más claro… Ya te lo hemos dicho”.
 

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