El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha presentado una querella contra el alcalde por el nombramiento del jefe de Policía. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, Carlos Ruipérez, el concejal de Seguridad, Juan José González Arroyo, ambos de Ciudadanos, y el actual jefe de la Policía Local del municipio, Guillermo García Jiménez, por un delito de prevaricación y tráfico de influencias en el nombramiento de García Jiménez como jefe de Policía.
El Grupo Popular de Arroyomolinos presentó una querella el pasado 26 de julio ante el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero y, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, se han abierto diligencias previas.
Los populares están citados a ratificar la querella el día 15 de diciembre y a partir de ese momento, la jueza será la que tendrá que pronunciarse sobre su admisión a trámite o no.
En su escrito, el Grupo Popular acusa a estas tres personas de haber cometido de forma “dolosa”, con premeditación y conocimiento de la finalidad pretendida, los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Todo ello con el “objetivo común” del “nombramiento del actual jefe de la Policía Local sin tener en cuenta y sin ceñirse sensu stricto a los procedimientos legales establecidos a tal efecto».
Desde el PP exponen que el actual jefe de Policía ha colaborado activamente “en las tres últimas campañas electorales” siendo funcionario de la Policía Municipal o local en activo, algo que, a su juicio, es “una clara vulneración” de la Ley de Régimen Electoral General.
Sostienen en la querella que con anterioridad de la llegada de Ruipérez a la Alcaldía “ya se conocía la pretensión de favorecer a Guillermo García de nombrarle jefe de la Policía Local de Arroyomolinos”, ya que es “pública y notoria la enemistad” de Ruipérez y su concejal de Seguridad con el anterior jefe de Policía Local, «al que querían quitarse de en medio».
Para poder llevarlo a cabo, se planteaban unos “obstáculos administrativos”, que en opinión de los populares, “han sido resueltos de manera arbitraria» por el alcalde y el concejal de Seguridad mediante “resoluciones administrativas inicuas que sabían eran injustas y no ajustadas a derecho”.
