La reforma legal avalada este jueves había sido recurrida por el Gobierno vasco. El Tribunal Constitucional podrá suspender a los cargos públicos que desobedezcan sus sentencias y sus autos. Esa es una de las facultades que tendrá después de haber avalado la reforma legal que le concede mayores poderes para hacer cumplir sus resoluciones. Hasta ahora el TC se encontraba sin herramientas suficientes para poder ejecutar sus decisiones, consideran ocho de los once magistrados del Tribunal.
Sin embargo, al haber rechazado el recurso contra la reforma legal del Constitucional presentado por el Gobierno vasco, la suspensión cautelar de los desobedientes será un procedimiento mucho más rápido que el habitualmente seguido por la vía penal.
En esa línea, las primeras informaciones tienen la vista puesta en Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de Cataluña investigada por incurrir en una presunta desobediencia. Forcadell permitió que se debatiera y votara en el Parlament las conclusiones para fijar una hoja de ruta con “la ruptura” de Cataluña y España.
La Generalitat, como el Gobierno de Urkullu, recurrió la reforma, pero no será hasta dentro de unas semanas cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie. En cualquier caso, más allá de los aspectos concretos impugnados, la idea general que subyace de ambos recursos – vasco y catalán – es que consideran que la nueva reforma legal otorga demasiados poderes al Tribunal Constitucional y “alteran su configuración constitucional y lo desnaturalizan, situando a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales en claro detrimento del principio de continuo y permanente diálogo entre órganos constitucionales, que debe primar, más aún ante las situaciones excepcionales que prevé”.
