El sindicato denuncia los continuos agravios del equipo de Gobierna de Manuela Carmena a la Policía Local. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado en la Oficina del Defensor del Pueblo un escrito de queja en el que da traslado de la inquietud existente entre los miembros de la Policía Municipal de Madrid por los “continuos agravios” de los que, dicen, son objeto por parte del Ayuntamiento de la capital.
El documento, que ha sido presentado por delegados de CSIF de Policía Municipal, se centra en tres episodios ocurridos en los últimos meses y que han generado malestar en el Cuerpo, según explican en un comunicado.
En primer lugar, se recoge que la disolución de gran parte de las Unidades Centrales de Seguridad a principios de año se reveló como “un anticipo del desprecio continuado hacia una institución como la Policía Municipal”.
En el escrito, que va acompañado de un completo dossier de prensa, se asegura este “menosprecio” se agravó con las “injurias graves” proferidas por el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, “quien calificó a unos policías que ejercían su derecho de manifestación de fascistas”, algo “de lo que no quiso retractarse”.
El segundo episodio que se relata tiene a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, como protagonista, tras la agresión de dos policías a manos de dos vendedores ambulantes ilegales por el mero hecho de realizar su trabajo. Se recuerda que la portavoz municipal indicó que lo manifestado por los dos agentes era mentira, “lo que de forma tácita indicaba que su actuación -la de los agentes- incurría en prevaricación”, ya que «los agresores fueron detenidos».
El tercer y último “ataque injustificado contra la imagen y profesionalidad de la Policía Municipal”, según detalla el escrito, se refiere al proyecto de Plan de Derechos Humanos del Consistorio, para el que se han aceptado documentos en los que “se vuelven a verter calumnias contra la Policía, acusándola de ‘abuso de la autoridad, malos tratos, islamofobia y discriminación por razones étnicas’”.
Por ello, y en la creencia de que “la Policía, como institución, está siendo injustamente maltratada”, CSIF apela en su escrito al Defensor del Pueblo que determine, como supervisor de las actividades de la Administración, si lo actuado por los miembros de la corporación se ajusta a derecho.
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