El Consistorio denuncia que no se ha permitido a los servicios municipales hacer su labor. Todos saben la cantidad y la nacionalidad de las personas participantes en el motín ocurrido en el CIE de Aluche durante esta noche, pero pocos las razones por las que ha sucedido. Esa es la principal denuncia que emite Ahora Madrid, el partido que gobierna el ayuntamiento de la ciudad. En un comunicado, el partido de Manuela Carmena critica la “opacidad” de los CIE, “un agujero negro de los derechos humanos donde, a escasos metros de nuestras viviendas, se encarcela aleatoriamente a personas sometiéndolas a un trato indigno y condenándolas a un destino incierto”.
En el documento compartido, Ahora Madrid no duda en señalar que estos centros de internamiento deberían «avergonzar a cualquier persona decente”, ya que en ellos se retiene “sin garantías a personas por el mero hecho de no tener un trámite administrativo, un papel que le identifique cuando les detiene un policía por la calle”. El partido que gobierna Madrid asegura que “muchas personas en esta ciudad son detenidas por la policía por el color de su piel”.
Desde el Ayuntamiento afirman desconocer las razones concretas del amotinamiento, por lo que denuncian sentirse “ninguneados” por las Instituciones correspondientes, como los responsables del Ministerio del Interior. “No se ha permitido a los servicios de emergencias municipales hacer su labor y, por lo tanto, ha existido una vulneración de derechos. Tampoco se ha dejado acceder a las personas electas, ni concejales ni concejalas ni a otros representantes institucionales” denuncia el consistorio.
El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha confirmado a los medios el ‘ninguneo’ sufrido: “Se nos ha impedido tener una información adecuada de que es lo que estaba pasando. Necesitábamos saberlo porque teníamos un dispositivo de emergencia en la calle. Cuando hay una crisis de este tipo se monta un comité de crisis”.
Por las razones expuestas a lo largo del documento, Ahora Madrid exige el cierre de los CIEs “para garantizar los derechos humanos de las personas encerradas sin haber cometido delitos punibles”.
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