El Tribunal Constitucional mueve ficha después de que la presidenta del Parlament no acatase las resoluciones del órgano judicial. El intercambio de golpes entre el Tribunal Constitucional y Carme Forcadell sigue sucediéndose. El turno ha recaído esta vez al órgano judicial que ha aprobado hoy por unanimidad dejar en manos del fiscal “si lo estima
procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente, acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la Presidenta del Parlamento de Cataluña (…) y, en su caso, cualesquiera otras personas, por incumplir” las resoluciones del alto tribunal.
Una decisión que llega por las conclusiones que extrajo el Parlament de Cataluña en la denominada “Comisión de estudio del proceso constituyente”, cuya votación promovió Forcadell contra la prohibición dictada previamente por el tribunal. Por ello, aparte de pedir que la Fiscalía tome cartas en el asunto, el órgano ha acordado la nulidad de dichas conclusiones.
La votación en la cámara catalana suponía un aval para abrir la vía unilateral de independencia, lo que se significaba un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont, superada el pasado 28 de septiembre. Una votación que salió adelante con los votos de Junts pel Sí y la CUP. El resto de la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.
Según ha asegurado el Constitucional en un comunicado, no es competencia de este tribunal resolver «si la conducta
de la Presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal«. No obstante, sí está capacitado para «constatar que las circunstancias constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes”.
