La Comisión Europea ha paralizado el nuevo modelo de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado 1 de enero para compensar la retirada de la publicidad. Bruselas no se opone a la modificación del sistema, pero duda de su compatibilidad con la normativa comunitaria.
La Dirección General de la Competencia ha comunicado al Ejecutivo español que no puede utilizar los fondos de los nuevos impuestos para financiar el funcionamiento de su cadena pública, ahora que esta ya no genera ingresos publicitarios. Dichos impuestos gravarán a las empresas de telecomunicaciones, con un 0,9% de sus ingresos, y a las televisiones privadas de las cuales, las que emiten en abierto darán el 3% y las de pago el 1,5%.
Según el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión ha dado instrucciones para que «no se asigne ninguna financiación que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley de Financiación de RTVE hasta que se haya adoptado una decisión final» por parte del órgano comunitario. En el texto la Comisión dice tener «dudas sobre si los nuevos impuestos son compatibles con el Tratado».
Bruselas ha acusado también al Gobierno de haber intentado llevar a cabo una política de hechos consumados, y ha lamentado que España «no haya notificado la medida y la haya puesto en vigor, contrariamente a su obligación». Le ha dado un mes para presentar alegaciones.
La CE ha recordado también al Gobierno que “el artículo 14 del reglamento del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario”, así, si de financiase a RTVE con los nuevos impuestos antes de conocer la decisión de Bruselas, la cadena podría quedar obligada a devolver al Estado los fondos recibidos.
A pesar de estas declaraciones por parte del organismo europeo, la impulsora del proyecto, Mª Teresa Fernádez de la Vega ha dicho que se trata de un proceso ordinario y habitual. La vicepresidenta se ha mostrado segura de que la financiación es compatible con el tratado y que Europa se pronunciará a su favor. La ley francesa, en la que se ha basado en gran parte la española, se encuentra también bajo el escrutinio de la Comisión.
Las empresas de telecomunicaciones, que ya expresaron su desacuerdo cuando se presentó la ley, han comunicado su satisfacción a través de su patronal Redtel, y han anunciado que presentarán alegaciones como parte interesada.
Por su parte, las televisiones, que en un principio apoyaron la propuesta, no se han pronunciado sobre el giro de los acontemientos; aunque las contizaciones de Antena 3 y Telecinco han bajado casi un punto y medio, a una hora del cierre.
La decisión de la Comisión llega un mes y medio después de que se abriera una investigación formal para analizar el sistema de financiación.
