Los requisitos para obtener el abono transporte para desempleados son tan estrictos que muy pocos pueden acceder a él. René Goscinny y Albert Uderzo no incluyeron entre las doce pruebas que Astérix y Obélix tenían que superar el darse de alta en el abono de transporte social de la Comunidad Madrid. Y es normal, porque nadie querría ver a la pareja de galos que hace temblar al imperio romano caer derrotados ante la burocracia de Cristina Cifuentes.
Un dato escalofriante para corroborar su dificultad. De los 418.405 parados que hay en la Comunidad de Madrid, solamente cerca de 700 personas disponen del abono para desempleados del Consorcio de Transportes. Es decir, este abono, que vale diez euros al mes, penetra en el 0,2% de los parados de la comunidad. El precio de los abonos de transporte en Madrid oscilan entre los 54,60 euros mensuales y los 131,80 euros. El dedicado a los desempleados solamente cuesta diez euros al mes durante los seis meses que se puede utilizar. Pero el 99,8% de parados ‘prefiere’ pagar los normales.
A pesar de que la reducción de las tarifas del transporte público para desempleados de larga duración formaba parte del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y Partido Popular para hacer presidenta de la comunidad a Cristina Cifuentes, las estadísticas revelan que las medidas no están llegando al grueso de la población. Actualmente, para poder utilizar el denominado abono transporte social el usuario debe ser al mismo tiempo beneficiario del Programa de Activación de Empleo (PAE). El problema es que para ser beneficiario de ese programa los requisitos son considerablemente restrictivos.
Requisitos restrictivos
No haber sido beneficiario de ningún tipo de prestación por desempleo durante los últimos 6 meses desde la solicitud de incorporación al programa, haber estado inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de diciembre de 2014 o a 1 de abril de 2016, haber permanecido inscrito durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o carecer de rentas y tener responsabilidades familiares, entendiendo por éstas tener a cargo al cónyuge o algún hijo menor de 26 años, o mayor discapacitado que carezca de ingresos mensuales superiores a 491,40 euros. La sangre de unicornio, al menos, no está previsto que se solicite como requisito.
Solicitar estas condiciones, y otras muchas que alargarían ad infinitum el artículo, para poder ser beneficiario del Programa de Activación de Empleo (PAE) provoca que muy pocos de los desempleados puedan optar realmente a la ayuda económica. La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha asegurado en alguna ocasión que la cantidad de parados que disponen del abono mensual de 10 euros fluctúa cada mes en función de los parados que estén inscritos en el PAE, y que lo importante es que este servicio funcione “haya 1.000 o 200.000 personas inmersas en el programa”. Sin embargo, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan que la oscilación solamente se mueve alrededor de las 1.000 personas. De enero a julio de este año la cantidad de desempleados inscritos en el PAE ha pasado de 1.077 a 1.102.
“Un abono incondicional”
Ante esta situación, varias organizaciones se han levantado para protestar contra una medida que consideran “una tomadura de pelo”. Así lo ha catalogado la plataforma Madrid en Transporte Público, una organización ciudadana formada por distintos colectivos que aspira a lograr “un transporte colectivo de calidad y accesible para cualquier persona”.
La plataforma afirma que la medida que aprobó Cifuentes en noviembre de 2015 – el abono para desempleados – “ha resultado ser totalmente electoralista y falsa”. Madrid en Transporte Públicodenuncia los exigentes requisitos que se reclaman para acogerse a este programa y pide que “las personas desempleadas dispongan de un Abono Social de Transportes gratuito e incondicional mientras dure el desempleo y lo mismo para la familia a nuestro cargo, descendiente o ascendiente”.
“Somos casi medio millón de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid. Tenemos tanta necesidad y derecho a usar el transporte público como cualquier otra persona, teniendo como prioridad el buscar trabajo. Al mismo tiempo tenemos familia a nuestro cargo que depende de nosotros y tienen los mismos condicionantes. Entonces ¿cómo hacerlo si el precio del transporte público en la Comunidad de Madrid se ha incrementado tanto hasta el punto de hacerlo prohibitivo y no tenemos trabajo? Además cada vez se reduce y deteriora más el servicio, por culpa de los recortes”, denuncia la plataforma.
Todas las miradas apuntan a Cristina Cifuentes, que presentó su poción mágica para facilitar el acceso al transporte público a los desempleados, y que ha acabado – de momento – con un resultado que avergonzaría a Panorámix.
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