La Marea Verde se planta contra las reválidas: “Es un sistema perverso”

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública anuncia “actuaciones para conseguir la anulación” de las reválidas. Mientras el alumnado continuaba sus vacaciones de verano, el Gobierno en funciones ha aprobado las reválidas. El nuevo mecanismo implantado por el Ministerio de Educación es claro: si los alumnos de la ESO y Bachillerato suspenden alguna de las dos reválidas –junio y septiembre- no obtendrán el título y sólo podrán matricularse en ciertos estudios.
 
Los alumnos de 4º de la ESO que suspendan las dos convocatorias para la evaluación final de ESO y quieran estudiar algo el año siguiente sólo podrán matricularse de Formación Profesional Básica. Por su parte, aquellos que suspendan la reválida de Bachillerato tampoco obtendrán el título pese aprobar  1º y 2º; a su vez tampoco podrán acceder a la Universidad ni a enseñanzas artísticas superiores: sólo se podrán matricularse en algún ciclo de Formación Profesional de grado superior.
 
Un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que rápidamente ha encontrado las primeras reacciones por parte la comunidad educativa: el Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado iniciar gestiones para preparar una gran movilización contra la nueva medida y CCOO recurrirá la decisión. Ahora el turno de palabra llega a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que iniciará “actuaciones para conseguir la anulación” y contactará con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que “hagan lo mismo de forma urgente”.
 
“La actual situación política y jurídica deslegitima al Gobierno en funciones para seguir desarrollando la LOMCE”, critica la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, marea en la que están integrados CCOO, STES-i, UGT, CGT, MRP, Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y CEAPA. Unas reválidas donde “el Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas”, tal y como resume la comunidad educativa.
 
Pero detrás de este real decreto hay mucho más, sostiene la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Con las reválidas, las Administraciones educativas podrán, “mediante la graduación de la dureza de las pruebas”, lograr ciertos objetivos interesados: “Permitirán conseguir un porcentaje de suspensos deseados, distribuir porcentualmente al alumnado, bien entre Bachillerato o FPB, bien entre Universidad y FP”.
 
“Es un sistema perverso que debe ser eliminado para garantizar el derecho del alumnado a cursar los estudios que se desean y no los que quiera la Administración de turno”, reprocha el colectivo en un comunicado. De hecho, la comunidad educativa ve una situación donde el alumnado queda entre la espada y la pared: “Se fuerza a quienes no superen las pruebas y no quieran quedar excluidos del sistema educativo”.
 
Un todo o nada en el que, como apunta CCOO, “el esfuerzo de cuatro años (ESO), o de dos años (Bachillerato), para alumnado que haya superado las materias, no habrá servido de nada si se suspende la prueba final”. Por ello, la Plataforma recuerda al Gobierno que “no puede legislar olvidando los derechos del alumnado”.
 
El Consejo de la Juventud de España se ha sumado al clamor sosteniendo que “la imposición de la reválida es injusta y deja a las y los alumnos en una situación de debilidad pues, de quién no supere las pruebas, no puede obtener el título de ESO o Bachillerato aunque haya superado todas las materias del ciclo”. De ahí que esta organización sólo vea una salida: la anulación del Real Decreto y la supresión de las reválidas.
 
Debido a la confusión que ha percibido la comunidad educativa sobre las nuevas reválidas y el nuevo acceso a la universidad, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “prorrogar las normas vigentes actualmente hasta la constitución de nuevo gobierno”. Mientras tanto, alumnos, profesores, padres y sindicatos ya se preparan en verano para frenar el último movimiento del Ministerio de Educación.

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