Colau cobrará 633 euros a los dueños que tengan pisos vacíos durante más de dos años

Barcelona

Colau cobrará 633 euros a los dueños que tengan pisos vacíos durante más de dos años

    Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
    El Ayuntamiento de Barcelona impondrá esta nueva tasa de 633 euros para costear la inspección y la tramitación de sanciones. Ada Colau extiende su estrategia para evitar los pisos vacíos en Barcelona. Si al poco tiempo de llegar al Ayuntamiento ya multó con 60.000 euros a tres entidades bancarias por tener inmuebles desocupados durante más de dos años, la alcaldesa quiere ampliar esta política a todas las viviendas que no hayan tenido inquilinos durante más de dos años.Por ello, el Gobierno municipal llevará a la Comisión de Economía de la próxima semana la aprobación provisional de una nueva tasa de 633 euros para los dueños que cumplan con esos dos requisitos: tener pisos vacíos más de dos años. Una medida que tiene como objetivo costear la inspección y tramitación de expedientes y sanciones, así como disuadir a los propietarios que tienen viviendas desocupadas injustificadamente.La tasa entra, según el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, dentro de la estrategia de su gobierno “para garantizar el derecho a la vivienda”. “Es un trámite administrativo que antes pagábamos todos los vecinos. Ahora lo pagará la persona física o jurídica a la que se abra el expediente”, ha aseverado el miembro del Ejecutivo de Colau.La tarifa podrá aumentarse otros 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior. Aun así, el conflicto no tendría por qué acabar en sanción, lo que sí se cumplirá –siempre que se entre dentro de las condiciones- será la aplicación de la tasa, según el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala. Una medida que llega como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de anular los artículos de la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética, tras el recurso que presentó el Partido Popular. De esta manera, el Consistorio barcelonés ha respondido que no se puede “quedar de brazos cruzados” ante los problemas habitacionales de la ciudad, por lo que impulsan este tipo de tasas, que tiene total cobertura jurídica, según Pisarello.

    El Ayuntamiento de Barcelona impondrá esta nueva tasa de 633 euros para costear la inspección y la tramitación de sanciones. Ada Colau extiende su estrategia para evitar los pisos vacíos en Barcelona. Si al poco tiempo de llegar al Ayuntamiento
    ya multó con 60.000 euros a tres entidades bancarias por tener inmuebles desocupados durante más de dos años, la alcaldesa quiere ampliar esta política a todas las viviendas que no hayan tenido inquilinos durante más de dos años.

    Por ello, el Gobierno municipal llevará a la Comisión de Economía de la próxima semana la aprobación provisional de una nueva tasa de 633 euros para los dueños que cumplan con esos dos requisitos: tener pisos vacíos más de dos años. Una medida que tiene como objetivo costear la inspección y tramitación de expedientes y sanciones, así como disuadir a los propietarios que tienen viviendas desocupadas injustificadamente.

    La tasa entra, según el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, dentro de la estrategia de su gobierno “para garantizar el derecho a la vivienda”. “Es un trámite administrativo que antes pagábamos todos los vecinos. Ahora lo pagará la persona física o jurídica a la que se abra el expediente”, ha aseverado el miembro del Ejecutivo de Colau.

    La tarifa podrá aumentarse otros 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior. Aun así, el conflicto no tendría por qué acabar en sanción, lo que sí se cumplirá –siempre que se entre dentro de las condiciones- será la aplicación de la tasa, según el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala.

    Una medida que llega como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de anular los artículos de la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética, tras el recurso que presentó el Partido Popular. De esta manera, el Consistorio barcelonés ha respondido que no se puede “quedar de brazos cruzados” ante los problemas habitacionales de la ciudad, por lo que impulsan este tipo de tasas, que tiene total cobertura jurídica, según Pisarello.

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