Se movilizará coordinadamente en toda España para que se derogue la ley de Aznar que abrió las puertas de la sanidad al capital privado y el decreto de Rajoy del copago farmacéutico. La Marea Blanca ha crecido y se ha vuelto un movimiento a nivel estatal. Delegados de plataformas ciudadanas de nueve comunidades autónomas constituyeron este mes un espacio de ámbito suprarregional, la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, cuya primera iniciativa es exigir al nuevo Gobierno que salga de las urnas que se comprometa a garantizar el carácter público y universal de nuestro sistema sanitario, exigiendo al futuro Ejecutivo y los partidos de la oposición que “trabajen de forma preferente para blindar, vía constitucional, la sanidad pública como derecho fundamental”.
En la creación de esta Marea Blanca Estatal han participado responsables de colectivos defensores de la sanidad pública de Aragón, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia, Andalucía, Euskadi y Galicia que han diseñado una estrategia común a nivel estatal de movilizaciones para exigir la derogación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud,, una ley que fue aprobada por el Gobierno de José María Aznar y que abrió las puertas de la sanidad al capital privado y que es el soporte legal que permitió abrir la veda a todos los procesos privatizadores de centros sanitarios que se han puesto en marcha.
También reclama la Marea Blanca Estatal que se derogue el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que otras medidas, introdujo el copago de medicamentos, el pago de prótesis y ambulancias no urgentes, la exclusión de fármacos del sistema de financiación de la Seguridad Social y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Además, de estas exigencias piden que se anulen todo tipo de normativas de carácter estatal o comunitario que deriven de estas leyes y que faciliten de una u otra forma cualquier tentación privatizadora”, antes de anunciar que en breve dará a conocer un “primer calendario de acciones” en defensa del sistema sanitario público.
“Una sanidad que, según la nueva plataforma ciudadana, debe ser “totalmente pública en provisión y producción, es decir, de titularidad únicamente pública en todos y cada uno de los servicios que preste, eliminando de facto la intromisión de la empresa privada en todos sus apartados, incluidos servicios no sanitarios que complementan el buen proceso y la calidad de la misma”.
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