Podemos pide llevar a la Fiscalía los “130 millones” dilapidados en el Campus de la Justicia

Campus de la Justicia

El grupo morado en la Asamblea propone al resto partidos reunir la documentación recabada para presentarla ante la Fiscalía de delitos económicos de Madrid. Tras las sesiones dedicadas en la comisión del endeudamiento en Asamblea de Madrid al macroproyecto Campus de la Justicia a raíz de las comparecencias de sus responsables y la información recabada, los partidos han emitido hoy su valoración provisional. Y hay bastantes palabras comunes en los veredictos de Ciudadanos, Podemos y PSOE en la región de Madrid: derroche, irregularidades, desfalco, clientelismo, duplicidades o sobrecostes son las más repetidas.

“Se acumulan suficientes indicios como para proponer al resto de los grupos un acuerdo para remitir la información recabada por cada uno, en un dictamen conjunto, a la Fiscalía de delitos económicos de la Comunidad de Madrid”, ha concluido su intervención el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez. Según el partido morado, el dinero perdido en el macroproyecto ideado por la expresidenta regional Esperanza Aguirre para reunir todos los edificios judiciales de Madrid en una sede que fuese también vanguardia de la construcción “podría rondar los 130 millones de euros”.

Pero no hay un cálculo seguro: según han manifestado los tres grupos de la oposición, la falta de transparencia en el proceso del malogrado proyecto y la opacidad de los responsables políticos al aportar los datos impide conocer cuánto han perdido las arcas públicas. Para Susana Solís, portavoz de Ciudadanos en la comisión, se mantiene la cifra oficial de unos 105 millones de euros despilfarrados y solo 25 millones de euros en activos. La diputada naranja se ha referido a algunos de los episodios “cuya moralidad es difícil de justificar”, como que la colocación de la primera piedra de la macrosede costase 1,5 millones de euros o que se gastasen 16.000 euros en la compra de cuatro islas en el mundo virtual Second Life.

“La planificación fue caótica, hubo una negligente licitación y nulo control de gestión desde la consejería de Justicia, y falta de control tanto desde el Gobierno regional como desde la Cámara de Cuentas de Madrid”, ha criticado Solís.

“Un proyecto que se inició en 2002 y que no ha servido nada más que para beneficio de un conjunto de personas y empresas que tienen relaciones sopechosas con la trama Gürtel y Púnica”, ha afirmado a su vez el diputado de Podemos. Ha considerado que la misma ubicación de la sede se decidió sin la justificación necesaria: “La decisión final de Valdebebas generaba sobrecostes, que estaban pensados para beneficio de las empresas constructoras”, ha criticado, cuantificando en hasta 26 millones los sobrecostes acarreados por instalar la sede en la ubicación mencionada.

Tanto Ciudadanos como Podemos han criticado que la plantilla de la sociedad pública Campus de la Justicia tuviese unos recursos humanos plagados de directores, cuyas funciones estaban duplicadas mientras los servicios técnicos se subcontrataban a empresas a las que se adjudicaban contratos millonarios por servicios de asesoría. “Caótica gestión administrativa y contable”, ha calificado Solís la generación de una sociedad “que no rindió cuentas anuales” y que gastó “1,6 millones de euros solo en sueldos de directivos”.

Según el diputado de Podemos, se contrataron hasta “tres directivos financieros cuando hay documentación pública que muestra que no existía ningún plan financiero ni programa de financiación”. Gutiérrez ha incidido en la falta de colaboración del actual Consejo de Gobierno, a cargo de Cristina Cifuentes, para esclarecer el supuesto desfalco del plan urbanístico que nunca vio la luz y que solo puso en pie un edificio, de los 14 proyectados.

“Todos los cargos políticos y Gobiernos permitieron que funcionara al margen de su control. Hemos tenido que batallar para conseguir datos y facturas, buscar nosotros mismos en los archivadores del edificio, después enterarnos de que funcionarios estuvieran una semana desordenando la documentación”, ha atacado por su parte la socialista Mercedes Gallizo, que ha lamentado que “no sabemos cuántas resoluciones hay pendientes de pagar o pendientes de los tribunales” a día de hoy.

“No existe tal agujero negro”, ha defendido por su parte el portavoz del PP en la comisión, que cree que las conclusiones de los partidos solo buscan hacer daño al actual Gobierno del PP en la región de Madrid. Defiende que las facturas de todo el proyecto, que fue tumbado hace algunos meses tras ser convertido en el plan “Ciudad de la Justicia”, han sido aportadas por los responsables y que los activos del proyecto (el edificio construido y algunos túneles en la zona) siguen en pie para ser enajenados y recuperar su valor.