El presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) ve lógico que Fomento reclame 700 millones al Gobierno de Carmena por las inversiones acometidas. El presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, ha criticado hoy en en una entrevista en la Cadena COPE el proyecto alternativo propuesto por el Ayuntamiento de la capital, que dirige Manuela Carmena, para el ámbito de la denominada Operación Chamartín ya que no lo considera “viable”, “no se ajusta a la legalidad vigente” y se ha postulado “al margen” del resto de agentes implicados».
Antonio Bejar considera “paradójico” que el plan presentado, ajustado a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, sea sustituido por otro que “no se ajusta a la legalidad vigente” y ha advertido que “en la práctica va a suponer una subida del precio de la vivienda”.
El presidente de DCN recuerda que su proyecto “aunque se ha vuelto a quedar bloqueado, no está abandonado por nuestra parte” y explica que actuación que proponen para el norte de Madrid “no tiene nada de especulación”. “Es una operación para los ciudadanos y no cuesta nada a las arcas públicas”, señala
Béjar ha contrapuesto la alternativa del Gobierno de Carmena al el proyecto que impulsa DCN, promovido por el BBVA y el Grupo San José, del que ha recordado supone una inversión de 6000 millones, la creación de 120.000 empleos, además de unos ingresos fiscales esperados de más de 3.000 millones de euros”.
Béjar se queja de que no ha recibido ningún argumento por parte del Ayuntamiento por lo que “no sabemos cuáles son los elementos que no les parecen bien”.
Respeto a la posibilidad de que Fomento reclame 700 millones de euros al Consistorio tras el rechazo del Pleno a la propuesta de DCN, Béjar cree que “parece lógico” que el Ministerio actúe en ese sentido y reclame inversiones acometidas con impacto en el ámbito.
A la pregunta de si este caso está provocando una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a las inversiones en la capital, Béjar ha considerado que el gobierno municipal “tiene que hacer una “reflexión” porque “una gran parte de la comunidad inversora evita inversiones que conlleven algún tipo de licencia del Ayuntamiento”.
