La plataforma que gobierna la capital pide al Pleno del distrito Centro que rechace permitir una manifestación de Hogar Social Madrid. La plataforma que gobierna la capital, Ahora Madrid, ha lamentado en sus redes sociales que la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, autorice «una marcha neonazi» este sábado, y por el contrario no permita ondear banderas esteladas en la final de la Copa del Rey. El partido se disputará en el estadio Vicente Calderón este próximo domingo.
«El mismo fin de semana se autoriza una marcha neonazi y se impiden ondear esteladas. El concepto de libertades de Concepción Dancausa», lanzaba en la tarde de ayer la formación liderada por Manuela Carmena en su cuenta de Twitter.
Lo hacía el mismo día en que Ahora Madrid defendía en el Pleno de Centro una moción de urgencia ante la manifestación convocada por Hogar Social Madrid para este sábado en Plaza de España. La formación considera que es una concentración con «carácter discriminatorio» que esconde una estrategia de «provocación» al dirigirse a un barrio con gran diversidad social, «con el consiguiente riesgo que conlleva», según declaraciones recogidas por Europa Press.
Persiguen que el Pleno de la Junta de Centro, presidida por Jorge García Castaño, inste a la Delegación de Gobierno «a que garantice que no se admitan actos racistas, fascistas y homófobos ni que atenten contra los derechos humanos».
El mismo fin de semana se autoriza una marcha neonazi y se impiden ondear esteladas. El concepto de libertades de @ConchaDancausa
— Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 19 de mayo de 2016
Por otro lado, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha manifestado sobre la prohibición de entrar con banderas esteladas en el Vicente Calderón que los «conflictos políticos no se solucionan con represión ni con limitaciones a la libertad de expresión».
La delegada del Gobierno en Madrid, por su parte, ha defendido la prohibición de banderas independentistas catalanas al entender que es una «enseña partidista», que «no es legal» y puede generar «conflicto», por lo que su no autorización es una cuestión de orden público y «no hay ninguna razón política» en ello.
