El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha denunciado falta de independencia en el Consejo encargado de luchar contra el racismo, que depende del Ministerio de Sanidad. España es un país que no combate el racismo. Esa es la principal conclusión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, que ha sometido al Gobierno de Mariano Rajoy a examen durante los días 26 y 27 de abril. En total, son siete las claves que han llevado a España a suspender en materia de discriminación racista, según lo ha recogido la ONG Rights International Spain.
Marco normativo e institucional inadecuado para la lucha contra la discriminación
La ONU ha denunciado que este problema viene de largo, y ya en el año 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno, se remitió al Congreso un Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y no discriminación. Un texto que habría garantizado los derechos humanos en este sentido y que aún no ha sido abordado por ningún ejecutivo.
Asimismo, el CERD ha criticado que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, adolece de falta de independencia y recursos. Un requisito imprescindible para que se luche contra el racismo, al margen de las políticas partidistas. Además, ha recomendado la aprobación de un Segundo Plan de Derechos Humanos.
El Gobierno no recoge los datos necesarios para luchar contra el racismo
La recogida de datos y estadísticas es imprescindible para diseñar las políticas correctamente. La composición étnica de la población española, los incidentes racistas registrados y los casos judicializados, incluyendo las penas impuestas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, serían algunas de las informaciones que ayudarían a la lucha contra la discriminación racial. Sin embargo, el Gobierno ha dado la espalda a esta realidad.
Uso de perfiles étnicos por la Policía
El CERD ha mostrado su preocupación por el uso de perfiles raciales y étnicos en los controles de identidad realizados por la Policía. Una práctica que debería de haber desaparecido tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo prohíbe, pero que sigue vigente en el día a día.
Devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla
El Comité “expresa grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas”, según lo recogen en su informe. Asimismo, han criticado que la Ley de Seguridad Ciudadana permita ‘rechazos en frontera’, sin que se haga un estudio previo de riesgo de retorno, y se impida el acceso a los procedimientos de asilo a los refugiados.
Por ello, han exigido “el acceso a procedimientos de asilo a todas las personas susceptibles de protección internacional […] incluyendo una evaluación individualizada en cada caso, así como la garantía de protección frente a la devolución sin discriminación y la creación de un organismo independiente que revise y suspenda las decisiones negativas”.
Violaciones de derechos humanos en frontera
La ONU realiza un llamamiento para que se investigue “de manera pronta, eficaz, completa y transparente las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en particular respecto de incidentes ocurridos durante operaciones de expulsión”, en alusión directa al caso del Tarajal. Este se saldó la vida de 15 inmigrantes por el uso indebido de material antidisturbios de la policía, según lo han denunciado muchas ONG. La causa contra 16 Guardias Civiles por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, se archivó por falta de pruebas.
En este sentido, han instado a que “se sancione a los responsables y que se repare adecuadamente a las víctimas”. Una recomendación que ya se ha incumplido, dado que el caso está archivado, y que además ha culminado con la condecoración de los agentes implicados en el caso por parte del Ministerio de Interior –esto, a pesar de que el Juzgado alegó imposibilidad para identificar a los policías de los vídeos.
Internamiento preventivo en los CIE
La ONU, no sólo ve una violación derechos humanos en la existencia de los Centros de Internamiento Extranjeros (CIE) –que encierran a inmigrantes a la espera de su expatriación-, sino también en las condiciones y los malos tratos que se cometen dentro. Una vez más, han pedido que se “garantice que las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera independiente, rápida y completa y que los autores sean sancionados adecuadamente”.
Segregación escolar del alumnado gitano y migrante
Esto es lo que se conoce como ‘escuelas gueto’. El CERD ha denunciado que en muchas autonomías no se distribuye correctamente a los estudiantes inmigrantes y gitanos, lo que imposibilita su integración. La consecuencia es una perpetuación de exclusión social de estos colectivos.
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