El PP concedió la mitad de los contratos del Ayuntamiento de Madrid a empresas presentes en paraísos fiscales

Los contratos del consistorios alcanzaron los 4.827 millones entre 2010 y 2013. El 45,5% de este importe fue a parar a empresas con presencia en paraísos fiscales, según Oxfam Intermón. La contratación pública supone aproximadamente un 18,5% del PIB nacional, sin embargo, lejos de dar ejemplo en la lucha contra el fraude, las administraciones no muestran una actitud fiscalmente responsable a la hora de contratar obras y servicios, según denuncia Oxfam Intermón en su último informe. Muchas de las adjudicaciones se hacen a empresas que tienen filiales en paraísos fiscales.

Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid. Como apunta la organización, entre 2010 y 2013, cerca de la mitad de la contratación pública se dirigió a compañías con presencia en territorios en los que se ofrecen ventajas fiscales a los no residentes sin necesidad de justificar una actividad económica real.

En concreto, en dicho período los contratos de la corporación local de la capital alcanzaron los 4.827 millones, y el 45,5% de este importe fue a parar a empresas que pertenecen al Ibex 35, a través de filiales o uniones temporales de empresas que en su conjunto tienen 227 filiales en paraísos fiscales. La que ingresó más dinero de las arcas del Ayuntamiento de Madrid fue Sacyr, que se adjudicó cerca de 800 millones, mientras que la que cuenta con más filiales en los citados destinos, 117, es ACS, el grupo de Florentino Pérez.

Oxfam destaca especialmente en el informe los servicios de gestión de residuos, que califica como “la caja de pandora” de la relación entre la contratación pública y los paraísos fiscales. Las adjudicaciones en este ámbito se concentran básicamente en cuatro grandes empresas: Valoriza (Sacyr), CESPA (Ferrovial), FCC y Urbaser (ACS). En total, tienen 166 empresas en paraísos fiscales.

Zonas Libres de Paraísos Fiscales

Como apunta Oxfam, el Ayuntamiento de Madrid no cuenta con directrices sobre contratación pública fiscalmente responsable. Sin embargo, destaca que se está estudiando la adopción de medidas en la presente legislatura, con Manuela Carmena al frente de la corporación.

Tras poner de manifiesto estos datos, la organización, junto con otras asociaciones sociales, aboga por que las administraciones públicas se declaren ‘Zonas Libres de Paraísos Fiscales’ para dar ejemplo contra la evasión fiscal. Les exigen que adquieran el compromiso de incluir en sus políticas de contratación criterios que penalicen a compañías que tengan presencia en paraísos fiscales. Los Ayuntamientos de Palma de Mallorca, Mataró, Sant Cugat del Vallés o Castellón ya han adoptado medidas al respecto, y Barcelona está en camino.

El llamamiento a estas ‘Zonas Libres de Paraísos Fiscales’ comenzó en 2009 a escala europea, y que ha conseguido que ciudades como Estrasburgo incluyan criterios de transparencia fiscal a las empresas que opten a una adjudicación pública, mientras que París o Copenhague están a punto de sumarse y Helsinki ha iniciado un proyecto piloto.

Se trata de una de las propuestas de Oxfam Intermón para luchar contra los paraísos fiscales, aunque la organización ha propuesto más medidas, como la exigencia de mayor transparencia a las compañías, la revisión de los incentivos fiscales a las empresas o levantar “el velo de opacidad” de las empresas mediante políticas como un registro de los titulares de cuentas bancarias. Abogan además por normas de carácter internacional.

Para elaborar el estudio, Oxfam Intermon y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) han realizado su propia lista de paraísos fiscales, incluyendo territorios que España o la OCDE no considera como tal. Se han basado en otros indicadores más exigentes, como el índice de opacidad fiscal, así como en las ventajas fiscales que ofrecen los países a los no residentes sin que estos necesiten justificar una actividad económica sustancial y real.

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