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La fiscalía de Luxemburgo pide 18 meses de cárcel para los filtradores del ‘Luxleaks’

El Gran Ducado es la parte acusadora en la revelación de más de 28.000 documentos sobre ventajas fiscales de Luxemburgo a grandes multinacionales para pagar menos impuestos. Hace dos semanas se iniciaba en  Luxemburgo el juicio contra los tres acusados de haber filtrado miles de documentos sobre las ventajas fiscales concedidas por el Gran Ducado a grandes multinacionales para pagar menos impuestos. El escándalo conocido como ‘Luxleaks’ estalló en 2014, y el estado denunció por ello a Antonine Deltour y Raphaël Halet, extrabajadores de la firma de asesoría PriceWaterhouseCoopers (PWC), y al periodista francés Edouard Perrin. Luxemburgo les acusa de publicar alrededor de 28.000 documentos confidenciales sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales entre el 2002 y el 2010.

Según adelanta la agencia de comunicación AFP, la fiscalía ha anunciado su decisión de pedir 18 meses de cárcel para los dos exempleados de PWC, y una multa para el periodista. «La libertad de expresión periodística no prevalece sobre la violación del secreto profesional», ha afirmado el Ministerio público en la sesión, según informan medios francófonos.

A falta de más detalles sobre el futuro del caso, el juicio ha estado rodeado de polémica por las protestas de organizaciones civiles y de periodistas, que reclaman que en este tipo de filtraciones los autores de revelar la información sean protegidos, en lugar de perseguidos judicialmente.

El escándalo del ‘Luxleaks’ salpicó de lleno al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En el momento de salir a la luz los documentos sobre facilidades fiscales a multinacionales, Juncker era primer ministro de Luxemburgo y responsable de Finanzas del Gran Ducado.

Los exasesores y el periodista soportan acusaciones por robo de documentos, revelación de información confidencial, violación del secreto profesional y blanqueo de capitales. Según los cargos, podrían enfrentarse a una pena de prisión de entre 5 y 10 años, y a multas económicas superiores al millón de euros.

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E.B.

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