Mientras Ahora Madrid se atasca en la aprobación de un nuevo reglamento de la EMVS, el PP en la Comunidad pedirá llevar ocupando más de un año para regularizar a familias vulnerables. La situación de cientos de familias vulnerables que ocupan viviendas públicas dependientes de la capital y del Gobierno regional está generando escenarios imprevistos en las posiciones iniciales de PP y Ahora Madrid sobre el fenómeno de la ‘okupación’. Según la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 de Cristina Cifuentes, la Comunidad de Madrid se abre a regularizar la situación de familias que se han visto obligadas a ‘okupar’ viviendas públicas. Para ello, además de requisitos como no haber protagonizado denuncias por usurpación o conflictos vecinales, el PP exigirá estar ocupando la vivienda desde antes de enero de 2015.
En una situación exactamente opuesta, Ahora Madrid llevó el mes pasado a la comisión de Vivienda de la capital una reforma del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para no excluir a los ‘okupas’ del acceso a una vivienda pública. Sin embargo, requería que el solicitante no estuviera ocupando ilegalmente una vivienda en el momento en el que presentara la solicitud, justo al contrario de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid.
Ese punto provocó división en el seno del partido liderado por Manuela Carmena: los miembros de Ganemos pidieron que se retirase el requisito de no estar ocupando al hacer una solicitud de vivienda pública. Tanto Ciudadanos como el PSOE se abstuvieron en la comisión, y el PP votó en contra. Pero el propio conflicto en el interior de Ahora Madrid hizo que el Ejecutivo de Carmena no llevase al Pleno su primera propuesta de reglamento, avisando de que se ampliaría el plazo para repensar la reforma de la ley diseñada por el PP de Ana Botella en 2012. Ese reglamento de la empresa pública imposibilitaba el acceso a un piso social a todo aquel que hubiese ocupado una vivienda en los últimos diez años.
“No es ni justo ni atiende al precepto constitucional: no es justo porque la situación de ocupación irregular es, en la práctica totalidad de los casos, la materialización de una situación de necesidad de vivienda”, argumentaba en un comunicado Ganemos, una de las formaciones que se agrupan en Ahora Madrid. “Desoye el mandato de la Constitución Española porque, en caso de que una persona haya sido condenada por usurpación, no cabe castigarla (y mucho menos reducir sus derechos) más allá de la pena que el juzgado le impusiera, ya que de lo contrario estaríamos ante una doble pena”, explicaba el grupo.
Un razonamiento que parece compartir Cifuentes pero sólo en parte: la Comunidad de Madrid regularizará la situación de familias vulnerables que demuestren que la vivienda pública que ocupa “sin título suficiente” es su “domicilio familiar permanente de manera continuada e ininterrumpida” desde antes de 2015, pero siempre que no consten: condenas o procesos en curso por delito de usurpación de la vivienda en la que residan ni “sentencias judiciales condenatorias consecuencia de conflictos vecinales”. Tampoco se admitirán solicitantes que hayan sido señalados en informes de la Agencia de Vivienda Social o de cualquier otro órgano administrativo por conflictividad vecinal.
La cuestión, por tanto, de que exista o no constancia legal de ‘okupación’ sería la principal diferencia entre Cifuentes y la facción de Ahora Madrid más permisiva en este asunto, Ganemos. Esta plataforma pide desvincular los procedimientos judiciales por ocupación de vivienda del acceso a los pisos de protección social, para no castigar “doblemente” a individuos o familias vulnerables.
PP y Ganemos, las posiciones más cercanas
En cualquier caso, el PP en la región y Ganemos en el consistorio son las entidades que mantienen una posición más cercana sobre el asunto, al pedir que las familias que ocupen por necesidad no deban abandonar la vivienda para ser regularizadas o para acceder a una vivienda de régimen social.
En cuanto a los socialistas en el Ayuntamiento, de los que Ahora Madrid esperaba un voto a favor al primer reglamento, defienden su abstención porque la reforma “no nos convencía”. Critican que el propio Gobierno municipal no tiene claro qué reglamento desea aprobar y piden a Carmena que elabore una norma definitiva para la EMVS que pueda ser llevada al Pleno.
No obstante, el PSOE pide que las familias ‘okupas’ salgan del circuito antes de poder solicitar un piso de vivienda pública, y que entren en la lista de espera “en igualdad de condiciones” con las otras familias que aguardan un piso de vivienda pública. En este sentido, el grupo de Purificación Causapié tampoco contempla regularizar la ocupación al estilo de Cifuentes, lo que impediría a Carmena sacar adelante un protocolo similar.
Reducción de hasta el 95% de la renta de alquiler
“Cumplidas las condiciones” el Gobierno regional ofrece a este colectivo vulnerable un contrato de alquiler en el que se podría disfrutar de hasta un 95% de descuento sobre el precio inicial, aunque según el Decreto regulador del precio de la vivienda pública una familia con tres menores pagaría unos 300 euros mensuales, además de las facturas de la comunidad.
“El arrendatario podrá acceder a la compraventa de la vivienda transcurridos cinco años desde la firma del contrato de arrendamiento. Las rentas abonadas hasta la fecha del contrato de arrendamiento no serán deducibles del precio de venta”, concluye el artículo.
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