Ahora Madrid renuncia llevar por ahora al pleno el nuevo reglamento de la EMVS

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Ahora Madrid renuncia llevar por ahora al pleno el nuevo reglamento de la EMVS

Ayuntamiento de Madrid

Ganemos Madrid ha pedido al Ayuntamiento retrasar un mes la aprobación del reglamento al considerar que no garantiza el derecho a una vivienda digna. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, ha decidido retirar de la votación del Pleno el nuevo reglamento de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Así lo ha anunciado la portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre: “Vamos a retirar ese punto del orden del día, básicamente porque es un tema complejo, porque existen muchas sensibilidades, y en la medida en la que el tema lo requiere, vamos a darle más tiempo”, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Según la portavoz, el equipo de Manuela Carmena persigue ahora “sacar un reglamento en el que estemos todos de acuerdo y satisfaga las necesidades de todos los grupos que participan en la política municipal”.

Una decisión que se produce después de que Ganemos Madrid, la plataforma ciudadana integrada en Ahora Madrid, haya pedido posponer un mes la aprobación del reglamento un mes para debatirlo más ampliamente, al no estar de acuerdo con algunos puntos del mismo por considerar que se queda ‘corto’ en su objetivo de garantizar “el acceso a una vivienda digna a todas las personas residentes en la ciudad de Madrid”.

Sin embargo la portavoz ha querido desvincular esa petición de la petición de Ganemos, por entender que la decisión de postergar el reglamento viene del rechazo que el proyecto de Ahora Madrid obtuvo en la Comisión de vivienda del pasado martes.

Hay que recordar que la abstención por sorpresa del PSOEimpidió que el Ayuntamiento de Madrid sacara adelante en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que se celebró el pasado marte, el nuevo reglamento de EMVS, que incluía una modificación que suavizaba los requisitos para que las familias que hubiera ocupado ilegalmente un piso pudieran acceder a una vivienda pública.

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