Según CCOO, la cúpula de la empresa pública de agua ha decretado la «censura» sobre las reuniones del Consejo de Administración bajo el argumento de la investigación por corrupción. “A pesar de las promesas de transparencia y las declaraciones grandilocuentes de la ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegurando que llegaría hasta el fondo del caso Acuamed, lo cierto es que la información a las trabajadoras y trabajadores de esta empresa pública cada día que pasa brilla más por su ausencia”, denuncia Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato estudia personarse en la causa que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), por posibles fraudes en los contratos de la entidad en algunas infraestructuras hidráulicas.
El sindicato denuncia que la cúpula de la sociedad pública ha decretado que determinadas actas de reuniones del Consejo de Administración no serán accesibles para los representantes de los trabajadores. “Una de las razones esgrimidas para censurar la información es precisamente el proceso judicial por presunta corrupción abierto por el juez Velasco en la Audiencia Nacional”, explica CCOO. Y critica que mientras se impone esta norma exista “personal de Alta Dirección de Acuamed que permanece en sus respectivos puestos de trabajo a pesar de estar siendo investigados por el juez Velasco, que sí tendrá acceso a la mencionada información confidencial, la misma que ahora se niega a la representación legal de los trabajadores”.
El sindicato afea a la ministra Tejerina que el Consejo de Administración la empresa, presidido por su número dos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y en el que actúa como vicepresidenta la directora general del Agua, Liana Ardiles, haya optado por “la censura”, decidiendo no aportar “la escasa información que se facilitaba a los representantes legales de los trabajadores”.
Según Fernando Antón, secretario general del Ciclo Integral del Agua de FSC-CCOO, “se nos ha entregado un informe elaborado por la Abogacía del Estado en el que se nos dice que no existe obligación legal de remitir con carácter general a los representantes legales de los trabajadores copias de las actas del Consejo de Administración de la sociedad. Sin embargo, no se hace mención alguna a que dicha información, aunque con mucho retraso, sí se entregaba hasta ahora a la representación legal de los trabajadores. Es decir, a partir de ahora, al habitual retraso se añade también la censura informativa”.
Califica de “intolerable” la situación y aventura que “lo único que demuestra con esta decisión es que en realidad tienen mucho que ocultar; que es muy difícil creer que los amaños destapados por algunos trabajadores y por el juez Velasco hayan podido realizarse sin el conocimiento, la connivencia o, en el peor de los casos, la complicidad de ‘la superioridad’, a la que alude el juez en su auto”.
Por ello, los servicios jurídicos de CCOO, a propuesta de sus afiliados en la empresa pública y de una parte importante de la plantilla, están estudiando ahora su personación en la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que permanece bajo secreto de sumario. “Las trabajadoras y trabajadores de ACUAMED no pueden acabar pagando los ‘platos rotos’ de una gestión indecente que estaba obligada a supervisar tanto el Ministerio de Agricultura, del que depende la sociedad, como el Ministerio de Hacienda, accionista único de la misma”, señala Fernando Antón.
