El Ministerio de Presidencia, responsable del programa de acogida, se cierra en banda a las preguntas sobre por qué España solo ha reubicado a 18 refugiados desde septiembre de 2015. Que Mariano Rajoy prefiere hablar de fútbol a explicar su gestión de la crisis de refugiados no es ninguna noticia. Pero en la entrevista que ayer concedió a Cadena Ser ambos temas ocuparon preguntas consecutivas. Y la diferencia en el tono del presidente al valorar la victoria del Atlético y al explicar por qué España ha reubicado a menos de 20 refugiados en ocho meses fue especialmente ostensible.
Entre titubeos, Rajoy solo pudo argumentar que los culpables del colapso en la entrada de Europa son son Grecia e Italia, que en principio no crearon los ‘hotspots’ necesarios para la gestión de llegadas. Y también los propios refugiados, que rechazaron venir a España cuando el Gobierno viajó a Italia con un “programa piloto” para acoger a 50 personas, consiguiendo trasladar sólo a 18. Son, por ahora, los únicos usuarios del programa de reubicación ideado por la UE en septiembre y por el que España se comprometió a acoger a más de 9.200 personas desde el Egeo e Italia.
Fue necesario que la crisis estallara en las islas griegas, las fronteras de los Balcanes y en todos los telediarios para que España dejara de regatear a Europa su cuota de acogidas. Cuando el Ejecutivo comunitario se puso firme y exigió la colaboración de todos los socios el pasado mes de septiembre, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció una “comisión interministerial”, presidida por ella misma, para coordinar lo que calificó como “un asunto de gestión difícil”.
A ese grupo de trabajo fueron requeridos miembros del Ministerio de Empleo, Defensa, Interior, Sanidad, Justicia, Educación y Exteriores, según Santamaría. También se contactó con el presidente de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, para pedir su colaboración. Aquella rueda de prensa sonó a urgencia, a premura y a trabajo acumulado.
Pero no hay noticias de ese ambicioso equipo. Nada se sabe sobre cómo ha organizado sus tareas, qué calendario de reuniones ha seguido ni de qué forma ha coordinado a las nueve carteras implicadas, si es que alguna vez comenzó a hacerlo. ElBoletin.com lleva más de tres meses tratando de contactar con un responsable de Presidencia capaz de rendir cuentas sobre la gestión del programa, sin que el equipo de Santamaría haya ofrecido respuesta alguna ni indicación de llamar a otra puerta.
Cartas cruzadas
Sin embargo, los oídos sordos del Gobierno sí parecen atentos a otros mensajes: según ha sostenido la vicepresindenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, el Ejecutivo de Rajoy amenazó a la región con iniciar acciones legales contra el Gobierno valenciano, que propuso firmar un convenio con regiones griegas para colaborar en la reubicación de refugiados desde el país heleno.
“Para firmarlo necesitábamos la autorización del Gobierno de España”, explicó Oltra hace unos días a La Sexta, asegurando que no obtuvo respuesta alguna a su solicitud. Pero cuando la región firmó “una declaración de intenciones” para dejar por escrito su disposición a iniciar y sufragar la acogida de refugiados, una carta del Gobierno acusó a la Generalitat de “invadir competencias”.
Cruces de declaraciones parecidas se han dado ante los ofrecimientos de colaboración de grandes ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona, entre muchos otras entidades locales y autonómicas. La vicepresidenta también recriminó públicamente al presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, el envío de una carta a Bruselas ofreciéndose a acoger a 1.800 refugiados en la región en 2016 y a un total de 4.500 en dos años. Santamaría le acusó de actuar «unilateralmente y sin consensuarlo con nadie».
En este punto, la única novedad es el anuncio del ofrecimiento de España para trasladar a 500 personas desde los puntos calientes de llegadas de refugiados y migrantes que, según Mariano Rajoy, el Gobierno hará a sus socios próximamente.
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