Según informa El Confidencial, Micaela Domecq figura en el listado de Personas Políticamente expuestas que la Agencia Tributaria envió al Sepblac. Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del actual comisario europeo de Energía y Clima, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura. Según informa El Confidencial, su nombre se encuentra en la lista de Personas Políticamente Expuestas que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). En esta lista aparecen personas cuyo uso de la amnistía debía revisarse por si existía conexión con la actividad política de su entorno.
Micaela Domecq ha aparecido en los llamados ‘papeles de Panamá’ por tener junto a sus hermanos una sociedad offshore que figura en la documentación del despacho Mossack. Doce miembros de los Domecq figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group SA, con sede en Panamá. Pero según la nueva información, también es una de las 29.000 personas que usó la amnistía fiscal propuesta por el PP y que afloró 40.000 millones de euros en 2012. Todas esas personas solo pagaron un 3%, de media, de las cantidades regularizadas.
Según este mismo medio, el actual comisario europeo se limita a recordar que mantiene una separación de bienes con su esposa y que nunca ha participado en la gestión económica del capital y los bienes de Micaela Domecq.
Micaela Domecq Solís forma parte de una familia de terratenientes y empresarios de Jerez de la Frontera (Cádiz) y es administradora de empresas familiares. Su relación con los papeles de Panamá y su aparición ahora entre los ‘amnistiados’ fiscales de la era PP suman presión al controvertido currículum del exministro español, salpicado en el último año por el caso Acuamed.
Cañete también es una figura muy atacada por plataformas ecologistas y pro-transparencia pública en el seno de la UE, por haber tenido acciones en una empresa petrolera justo antes de ser comisario de Energía y Clima, por un posible trato de favor a su ex número dos en el Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, y la empresa minera Berkeley , y en general por su elevado nivel de encuentros con lobbies de la industria energética.
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