Las asociaciones penitenciarias achacan este contrate a un déficit en el estado del bienestar y al hecho de que España sea uno de los países más desiguales de Europa. El sistema penitenciario español no es “blando”, como señala el tópico. Así lo ha querido demostrar la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP) con su ‘Estudio sobre la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales’. Este ha puesto de manifiesto que España tiene una tasa de encarcelamiento un 34% superior a la media europea, pese a tener un 27% menos de criminalidad. Este exceso se debe, según los autores del informe, con un déficit en el estado del bienestar y con el hecho de que España sea uno de los países más desiguales de Europa.
Una de las principales conclusiones del estudio es que “nuestra tasa de encarcelamiento es la segunda más alta de Europa”. Esto significa que 133 personas de cada 100.000 están en la cárcel, frente a las 101 de la UE. Una cifra que dobla la tasa de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, lo que se explica, principalmente, por el aumento de la duración de las penas.
Estos datos contrastan radicalmente con los de delincuencia: España tiene un 27% menos de criminalidad que la eurozona, con una tasa del 44,7%. De hecho, este es un país más seguro que los referentes escandinavos y las cifras de criminalidad continúan a la baja desde 2009. A este respecto cabe señalar que la mayoría de delitos son ‘contra el patrimonio’, es decir, robos y hurtos –el 76%. Una infracción que, junto al tráfico de drogas, mantiene en la cárcel al 60% de los condenados. En cuanto al resto de delitos, el 16% son contra las personas o la libertad, el 5% otras infracciones penales y un 3% corresponden a delitos contra la seguridad colectiva.
El informe también ha revelado que, en España, la duración de las penas de prisión es más del doble que la media europea. Por ejemplo, “nuestras penas duran 9 veces más que en Dinamarca”, según lo indican las conclusiones del informe. Un aumento que se debe a las “continuas reformas del Código Penal”.
Así, si nuestra tasa de encarcelamiento fuera acorde con la de criminalidad y equiparásemos las duraciones de las penas a la media europea, el 50% de los encarcelados deberían de estar en libertad. En concreto, 30.845 frente a las 61.641 que hay actualmente. Además, si sólo estuvieran en prisión aquellas mujeres que hubieran cometido delitos violentos -homicidio y sus formas, lesiones, contra la libertad y contra la libertad sexual-, sólo habría 556 encarceladas, frente a las 4.106 actuales. Algo que, de ningún modo, incrementaría la inseguridad ciudadana o produciría una alarma social, según los responsables del estudio.
En este sentido, han puesto de relieve que en los últimos 6 años la población penitenciaria se ha reducido en 14.000 personas y la tasa de delincuencia se ha mantenido a la baja. Esto se explica por la reducción de las penas por el tráfico de drogas, la expulsión de las personas presas extranjeras y el descenso de la prisión preventiva. Y constata que “sería posible continuar el descenso de la población penitenciaria utilizando medidas alternativas a la prisión para los delitos más comunes”.
Los profesionales, llaman a no utilizar las cárceles como modo de atajar los problemas sociales. Un 65% de los presos tiene problemas de drogodependencia y un 8 % problemas graves de salud mental. Esto revela carencias en el sistema de bienestar, que tapa su falta de recursos con un endurecimiento del sistema punitivo, según el informe. El objetivo que se plantea es el reducir al mínimo la privación de libertad e implementar las políticas públicas que garanticen la reinserción.
Con esto, los responsables del informe querían refutar la creencia popular de que “en España nadie va a la cárcel”, según lo han indicado. “Las personas que trabajamos en el entorno penitenciario sabemos que la realidad es muy distinta a la que muestran los medios de comunicación más irresponsables y de la que se aprovechan los partidos políticos a la caza de votos”.
