La Mesa de la Asamblea ha permitido a Podemos consultar sus actas pero no reproducirlas o divulgarlas. Podemos ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para exigir que las actas de la Asamblea de Madrid sean públicas, es decir, que los ciudadanos puedan acceder al contenido de cada reunión mantenida en esta autonomía. “Si alguien no quiere ver reflejado lo que dice es que no debe decirlo”, ha asegurado el líder regional de la formación morada, José Manuel López.
La Cámara autonómica autorizó a Podemos a consultar las actas de la Mesa de la Asamblea, pero le prohibió su reproducción –adquirir una copia- o divulgación. “Desde el principio, pedimos que las actas de la Mesa y de la Junta de Portavoces fueran públicas, como pedimos también que el registro fuera accesible. Se nos dijo que no con el voto de todos los demás grupos parlamentarios”, ha explicado López.
Desde Podemos consideran que esta falta de transparencia viola la Constitución Española y señalan al artículo 23.1: “Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Lo que, según la formación morada, también impugnaría la decisión de que los diputados no puedan adquirir una copia del acta. De hecho, el propio Reglamento de la Asamblea recogería este derecho, según lo han reflejado en el recurso de amparo.
“Aquí se repite que la Asamblea tiene paredes de cristal, pero las paredes son sumamente opacas”, ha criticado el parlamentario de Podemos. “Hay que dar una vuelta a esta Asamblea, hay que cambiar el reglamento, pero hay que ir más allá”, porque, a su juicio, “lo que falta es voluntad política”.
Presentamos un recurso al Constitucional para acabar con la opacidad de las actas de la Asamblea #PlenoAsamblea pic.twitter.com/FqVmxRpTFp
— Miguel Ongil (@Migs_Bru) 21 de abril de 2016
Este recurso llega precisamente en mitad de la polémica creada entorno a la futura ley de transparencia regional. Por un lado están los de la presidenta Cristina Cifuentes, cuyo proyecto de Ley está basado en la existencia de un órgano colegiado que dependería de la consejería de Presidencia. Y por otro, la oposición, con el PSOE a la cabeza, que abogan por un órgano independiente para fiscalizar la labor de la administración regional.
