La Policía corta toda la calle Génova e imposibilita con un fuerte control policial que los manifestantes desarrollasen la cacerolada que tenían planificada en Génova 13. La ofensiva de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en su lucha porque el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no tire abajo la ley 24/2015, conocida como la ‘ley antidesahucios’ de Cataluña, ha llevado a una acción conjunta frente a 44 sedes del Partido Popular. Un movimiento que no se ha podido completar ante el edificio del partido en la calle Génova 13: el fuerte control policial que ha cortado toda la calle madrileña ha impedido que se desarrollase la cacerolada frente a la sede popular.
Cerradas las entradas desde las plazas de Colón y de Alonso Martínez, los manifestantes de la PAH se han visto obligados a mantener su acción a las puertas del metro de Alonso Martínez, a varios lejanos metros de donde la formación conservadora tiene sus oficinas. Pero los planes del colectivo no se han visto frustrados ante la imposibilidad de llegar a las puertas de la sede del Partido Popular.
https://twitter.com/MaesePads/status/722106829900292096
https://twitter.com/osec/status/722100745793847296
https://twitter.com/juventudsin/status/722102442528260096
https://twitter.com/pahvallekas/status/722116267855986688
La PAH ha desviado su trayecto y ha hecho su recorrido protesta por el barrio de Chueca y por plena Gran Vía donde, brevemente, como han informado manifestantes, se ha cortado el tráfico ante la presencia del grupo al grito de “¡La ley 24/2016 no se toca!”. Es en esta céntrica avenida donde algunos tuiteros han denunciado la actuación policial contra una de las activistas.
https://twitter.com/pahvallekas/status/722121780958257152
https://twitter.com/juancarlosmohr/status/722125449019711488
https://twitter.com/pahvallekas/status/722127107531350017
Un trayecto que ha finalizado en la Plaza de Sol donde más de un centenar de personas se ha reunido en el espacio público para la lectura de un manifiesto reivindicativo y para poner punto y seguido a una acción que, como asevera la PAH, no se detendrá hasta que el Ejecutivo en funciones no desista en su intento de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley 24/2016.
Al aprobarse la norma el pasado agosto, el Ejecutivo decidió crear una comisión bilateral para trabajar durante seis meses los desencuentros entre Gobierno central y Generalitat antes de elevar la ley al Tribunal Constitucional. Ese plazo se cumpliría el 5 de mayo y su recurso paralizaría la aplicación de la ley a la espera del dictamen del alto tribunal. Lo que provocaría que los funcionarios de la Generalitat no podrán hacer uso de una ley nacida desde la ciudadanía, como recuerda la PAH.
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