La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y promotores de la Ley 24/2015 piden al Ejecutivo en funciones que no tumbe la norma «más garantista del Estado» sobre vivienda. Hasta 44 ciudades y municipios figuran en la lista de protestas convocadas ante sedes del PP y delegaciones del Gobierno para responder a los intentos del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy de impugnar la ‘ley antidesahucios’ de Cataluña. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) recurren a las cacerolas para que el Gobierno central desista de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley 24/2015, de “medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética” aprobada en la comunidad catalana el pasado año.
Aunque la demanda procede de Cataluña, se ha extendido a capitales como Madrid, Valladolid, Sevilla o Palma de Mallorca, entre muchas otras, por entender que “la ley más garantista de todo el Estado español para acabar con los desahucios y los cortes de agua, luz y gas” está ahora en peligro. “Como ya hizo con las leyes de vivienda de Andalucía y el País Vasco, el PP pretende dar un golpe de estado financiero contra nuestros derechos”, denuncia la PAH en su convocatoria.
La ley 24/2015 fue fruto de una Iniciativa Legislativa Popular y quedó aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña. A pesar de que el PP también apoyó la norma, el Gobierno en funciones tiene dudas de la “constitucionalidad” de la ley, por lo que se encuentra en conversaciones con la Generalitat sobre algunos artículos de la ILP sobre vivenda.
Al aprobarse la norma el pasado agosto, el Ejecutivo decidió crear una comisión bilateral para trabajar durante seis meses los desencuentros entre Gobierno central y Generalitat antes de elevar la ley al Tribunal Constitucional. Ese plazo se cumple el 5 de mayo y su recurso paralizaría la aplicación de la ley a la espera del dictamen del alto tribunal: los funcionarios de la Generalitat no podrán hacer uso de ella. El PP ya recurrió ante el Constitucional normativas autonómicas sobre vivienda en País Vasco, Andalucía, Navarra y Canarias, además de oponerse a la ILP que la PAH consiguió llevar al Congreso de los Diputados en 2013.
“No permitiremos que la Ley 24/2015, que fue conseguida tras una ILP Ciudadana, sea atacada. Más aún, pensamos movilizarnos contra el PP para que sean todas las ciudadanas del país las que puedan beneficiarse de la Ley de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética”, proclama hoy la plataforma, que convoca caceroladas ante las sedes del PP “en todo el Estado” a las 18:30 horas de hoy.
La ley catalana de 2015 incluye iniciativas para actuar contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual, evitar desahucios “que puedan producir una situación de falta de vivienda”, evitar la pobreza energética y obligar a la Generalitat a garantizar el acceso a una vivienda social, entre otras medidas. También contempla aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler y fijar un umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros básicos para hogares vulnerables.
