Carmena y la transparencia: “De la primera reunión a la última firma”

El Ayuntamiento de Madrid aprueba la Ordenanza de Transparencia, que obligará a los lobbies a registrarse para poder mantener reuniones con el consistorio. El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena se ha propuesto fomentar la “trazabilidad” de sus decisiones. Es decir, que los madrileños tengan la posibilidad de seguir todos los trámites por los que pasan sus representantes hasta aprobar una normativa o tomar una decisión: “de la primera reunión a la última firma”. Este es uno de los puntos estrellas del proyecto de Ordenanza de Transparencia de la capital, que se ha aprobado este jueves en la junta de Gobierno.

Por ello, el Consistorio de la capital recoge en su texto –que por el momento sólo es un borrador- la necesidad de publicar y publicitar de manera activa los informes en los que se basan las decisiones o las respuestas a las alegaciones efectuadas durante el trámite de información pública. Un paso más en uno de los compromisos electorales de Ahora Madrid: la transparencia institucional.

Un logro que el equipo de Carmena quiere blindar para futuros Ejecutivos municipales. Así, desde el mismo momento de su aprobación será obligatoria la publicación de información relativa al personal eventual -identificación, retribuciones, currículum-; a las agendas institucionales de concejales –como ya se venía haciendo-, órganos directivos y personal eventual y a los gastos a cargo de las ‘arcas públicas’ de todos los trabajadores públicos y entidades vinculadas, entre otras cosas.

Y todos estos datos deben de ser accesibles de manera “rápida y sencilla”, por lo que el Ayuntamiento también tendrá que “perfeccionar” su portal de transparencia. Además, toda la información publicada será reutilizable y gratuita. En caso de que la documentación requerida no se encuentre en la web, los ciudadanos podrán solicitarla con un procedimiento menos complejo que el anterior –que te obligaba a tener DNI electrónico. Ejemplo de ello, es que a partir de ahora no se necesitará identificarse. Desde el día 10 de diciembre y hasta el 31 de marzo se han realizado 345 solicitudes, de las cuales se han terminado de tramitar 132.

Una de las novedades que introduce el Consistorio es la obligatoriedad: la ordenanza recoge una serie de sanciones para los empleados públicos –o entidades que presten servicios municipales- que no cumplan con las exigencias en materia de transparencia. Unas multas que “no son sanciones administrativas, son medios de ejecución forzosa”, explican en un comunicado.

Otra de sus propuestas estrella es el registro de lobbys -personas o entidades que actúan con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal y su desarrollo. Los lobbies tendrán que inscribirse para mantener reuniones con los concejales y directivos durante la tramitación de normativas municipales y, a cambio, recibirán información relativa procesos municipales que afecten a sus intereses.

Los plazos del Ayuntamiento prevén que esta ordenanza municipal –que ha contado con “más de un millar de comentarios de funcionarios”- entre en vigor en dos meses: “se abre ahora un proceso de varias etapas que pasará por un periodo de información pública y un plazo de enmiendas de todos los grupos municipales hasta la aprobación definitiva, que previsiblemente tendrá lugar el próximo mes de junio en el Pleno Municipal”, han informado desde el Ayuntamiento.

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