Los jueces no ven indicio de delito y recuerdan que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal”. Las acusaciones sobre la supuesta financiación ilícita de los Gobiernos de Venezuela e Irán a Podemos, caen por su propio peso. El Tribunal Supremo ha rechazado la querella de Manos Limpias contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, por considerar que no hay indicios de delito y que el texto presentado por el sindicato “carece de los elementos acreditativos iniciales mínimo”.
En cuanto al informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se sustenta toda la denuncia y que el sindicato ha atribuido a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía, el Alto Tribunal ha concluido que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más, como declarábamos en la resolución citada, la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos, si la denuncia o querella que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional”.
Una noticia que no ha pillado por sorpresa a nadie, ya que la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ya había pedido hace poco más de un mes que se archivase la causa, por considerar que el informe PISA, en el que se sustenta toda la acusación, no es más que un mero conjunto de informaciones “no autenticadas” que no ofrecen indicios de delito “accesibles y racionales”.
El Supremo ya había archivado una querella muy similar presentada el año pasado por Manos Limpias. En concreto, la denuncia afectaba a Iglesias, Monedero, otras cinco personas y diversas entidades mercantiles, a los que acusaba de delitos contra los derechos de los trabajadores, desobediencia, organización criminal, asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública. La principal novedad de la última denuncia era el informe Pisa.
