El siguiente paso es que los diputados apoyen el juicio político a la presidenta por mayoría simple. Recaen sobre Rousseff sospechas de violación de leyes presupuestarias. Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado este lunes, con 38 votos a favor y 27 en contra, la apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff, presidenta del país, al entender que existen fundamentos para acusarla por irregularidades que su Gobierno cometió en las cuentas públicas de 2014.
Tras este importante paso, el caso pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde se necesitan 342 votos del total de 513 parlamentarios para determinar si es admisible y remitir el caso al Senado, según ha recogido Europa Press de medios del país.
Rousseff podría ser suspendida de sus funciones si la Cámara alta acuerda por una mayoría simple llevarla a un juicio bajo cargos de violación de leyes presupuestarias para presuntamente favorecer su reelección en el año 2014.
Partidarios del Gobierno insisten en que la presidenta no cometió ningún delito y dicen que el proceso es un intento de «golpe» de Estado. Por su parte, los legisladores opositores han celebrado el resultado de la comisión especial al grito de «Fuera Dilma».
La medida cita la manipulación de cuentas fiscales y la firma de decretos de liberación de créditos suplementarios sin la aprobación del Congreso como indicios de delitos que justifican el inicio del proceso contra Rousseff, según detalla Reuters.
El pasado 2 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidió abrir un proceso de ‘impeachment’ contra Rousseff atendiendo así una de las muchas denuncias presentadas en el Congreso contra la jefa de Estado.
La base para el ‘impeachment’ está en la denuncia presentada por uno de los fundadores del PT, Hélio Bicudo, y el exministro de Justicia del Gobierno de Henrique Cardoso Miguel Reale, que apuntan a las irregularidades que el Gobierno cometió en las cuentas públicas de 2014.
También hubo numerosas denuncias que solicitaban apartar a Rousseff del cargo por la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de Petrobras, pero de momento no hay pruebas sólidas que lo justifiquen.
