El Congreso insta al Gobierno a que frene el ERE de Tragsa

PSOE y Podemos, junto a la abstención de Ciudadanos, han sacado adelante una proposición no de ley que exija al Ejecutivo a crear un nuevo plan empresarial donde se readmita a los despedidos. La Comisión de Empleo del Congreso ha dado luz verde a la proposición no de ley que inste al Gobierno a cancelar el ERE de la empresa pública Tragsa. No se ha quedado ahí lo aprobado por PSOE y Podemos -junto a la abstención de Ciudadanos, pese al no del PP- y la Cámara Baja exigirá al Ejecutivo que apruebe un nuevo plan empresarial donde se readmita a los más de 500 despedidos.

Tanto los de Pedro Sánchez, con la diputada Esther Peña, como los de Pablo Iglesias, con Alberto Rodríguez, han criticado duramente la actuación de la compañía pública. La socialista ha calificado lo que se ha hecho con los trabajadores de “lamentable con nocturnidad y alevosía”. Una línea que ha continuado el diputado de la formación morada que ha señalado a una estructura de la dirección de Tragsa “totalmente sobredimensionada” provocada por la “dinámica de puertas giratorias, corrupción y enchufismos”.

Durante su intervención en la comisión de la Cámara Baja, Peña, como ha recogido Europa Press, ha recordado que la compañía lleva 37 años dando una respuesta “efectiva”. Además, ha afirmado que las condiciones que llevaron a Tragsa a iniciar el ERE “ya no existen”, al haber aumentado la carga de trabajo y más viendo cómo se ha contratado personal eventual”.

Una proposición no de ley que ha sido capitaneada por el PSOE y que ha encontrado la complicidad de Podemos (tras dos enmiendas de la formación morada) en la que se insta al Ejecutivo a “manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial” tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios.

Además, ambas fuerzas políticas han reclamado que la dirección de la empresa pública convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se “incremente la capacidad de producción y empleo”.

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