La FRAVM vigilará que no se criminalice a los okupas con las excusa de expulsar a las mafias

La federación vecinal rechaza las críticas de la PAH y aclara que no están en contra de los espacios autogestionados ni de las familias obligadas a ocupar por necesidad. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRVM) sale al paso de las críticas que le ha dedicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por pedir a las autoridades que se actúe contra los ocupas mafiosos que se han ‘atrincherado’ en algunos de las pisas que el Ivima vendió a un ‘fondo buitre’ y que ahora son propiedad de Encasa Cibeles.

Las críticas de la PAH se deben a que responsabilizan a las asociaciones vecinales de que la Delegación del Gobierno y la Fiscalía de Madrid hayan decidido esta semana endurecer las medidas frente a la usurpación ilegal de viviendas en la Comunidad de Madrid, acordando impulsar que estos delitos sean tratados en juicios rápidos.

La Federación vecinal aclara que “en ningún momento” han reclamado que “se actúe contra las ocupaciones en general, contra las ocupaciones de espacios autogestionados o contra aquellas personas y familias que se ven obligadas a ocupar por cuestiones de necesidad económica”.

Y hacen notar que “de hecho, es práctica habitual en algunos barrios que las asociaciones vecinales medien con instituciones como la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad para lograr la regularización de familias que residen en inmuebles ocupados con objeto de que permanezcan en el barrio y no sean desahuciadas, perdiendo de esta manera su arraigo”, recordando que “desde su origen, hace más de 40 años, la FRAVM se ha mostrado solidaria con estas prácticas, logrando, en ocasiones, como en el caso de los inmuebles ocupados del Gran San Blas en los años noventa, la regularización de miles de familias”.

También destacan la federación madrileña en su web que siempre han insistido en que “el Derecho a una vivienda digna, que recoge la Constitución Española, debe prevalecer sobre otros derechos como el de la propiedad, con objeto de que ninguna familia se quede en la calle. Un derecho que hoy se actualiza en las llamadas “5 de la PAH”, un sencillo y básico guión que nuestros gobernantes deberían hoy aplicar, recordando también que “la FRAVM se dejó la piel para poner en marcha la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la región madrileña”.

Además, señalan que “frente al abandono de inmuebles fruto de la especulación inmobiliaria, la Federación vecinal ha defendido en diversas ocasiones su uso social y alternativo por parte de colectivos de barrio que, a través de su ocupación, los han recuperado. El Patio Maravillas, La Traba, Seco, Montamarta, Casablanca son solo algunos ejemplos que han contado con el apoyo de la FRAVM en su lucha por su permanencia y reconocimiento en la ciudad.

Solo contra las mafias

Precisan el colectivo vecinal que su denuncia “siempre se ha dirigido contra las prácticas mafiosas que en algunas zonas de barrios como el Ensanche de Vallecas, Entrevías, Colonia Diego Velázquez, Comillas, la UVA de Hortaleza, Villaverde Bajo o San Cristóbal de los Ángeles están provocando un deterioro enorme de la convivencia, generando miedo e incluso el abandono de algunos vecinos. “No podemos consentir que nuestros barrios se sigan degradando”, aseguran, explicando que “con este espíritu, las asociaciones vecinales de los territorios afectados llevan meses reuniéndose de manera regular para afrontar la problemática de manera colectiva”. Para insistir una vez más en que “la presión de sus vecindarios es enorme” y “ya no pueden más”. Precisando que as autoridades, y también los medios, lo saben desde hace mucho tiempo, “pero nadie ha hecho nada para frenar este deterioro. Y ya es hor”a.

A pesar de ello, y ante las noticias que proceden de la Fiscalía y Delegación de Gobierno, la FRAVM anuncia que “estará vigilante para evitar que, con la excusa de actuar contra las mafias, se criminalice y arremeta contra todo tipo de ocupación”.

Además, el colectivo vecinal deja claro que, en su opinión, “si las autoridades optan finalmente por desalojar inmuebles que son “gestionados” por este tipo de grupos criminales, los desahucios nunca deberían ejecutarse sin garantizar una alternativa habitacional a sus moradores”, ya que consideran que “los hogares que más lo necesitan no pueden pagar las consecuencias de los que se lucran de su extrema necesidad, arrojándoles a la calle sin alternativas dignas.”

Y creen que “se deben planificar sus realojos, unos realojos, además, que deberían realizarse de manera dispersa, en altura y con un seguimiento social adecuado para cada familia, ya que de otro modo lo único que lograríamos es crear un nuevo gueto, trasladando de ubicación el problema, sin solucionarlo”.

Concluyendo que no pueden consentir que sigan actuando de esta forma en ningún barrio “las personas y grupos que están haciendo negocio con los pisos vacíos en esas zonas, y que además extorsionan, agreden físicamente y amenazan, amedrentan, causan destrozos y todo tipo de molestias al vecindario”.

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