La formación de Pablo Iglesias ha propuesto ampliar a 10 años el periodo en el que los altos cargos del Gobierno no pueden trabajar en empresas sobre las que hayan legislado. La actividad legislativa sigue a pesar de la inestabilidad del Congreso. Podemos ha presentado este jueves una proposición no de ley para poner fin a las ‘puertas giratorias’, es decir, al trasvase de puestos de responsabilidad del sector privado al sector público y viceversa.
El texto insta al Ejecutivo a prohibir totalmente el acceso de personas que hayan ocupado altos cargos públicos a consejos de administración o de alta dirección en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado.
En concreto se refieren a expresidentes del Gobierno, exministros o exsecretarios de Estado, así como a aquellos que hayan sido subscretarios y asimilados, secretarios generales, delegados del gobierno, jefes de misiones diplomáticas y miembros de los organismos reguladores o de supervisión. Además no podrán acceder a los consejos de administración o de alta dirección aquellos que hayan sido nombrados por el Consejo de Ministros para cargos en el sector público estatal y quienes hayan desempeñado puestos de alta dirección en la Administración Pública o en las entidades del sector público estatal.
En cuanto a las incompatibilidades, la propuesta de Podemos pasa por ampliar de dos años a 10 el periodo en el que los altos cargos del Gobierno no pueden trabajar para empresas que hayan resultado afectadas por sus políticas, de manera directa o indirecta.
Regulación de los lobbies
Por otro lado, el partido liderado por Pablo Iglesias ha recogido en su proposición no de ley la necesidad de regular la actividad de los grupos de presión –lobbies– y de crear un registro de estos. En esta línea, la formación morada ha propuesto la elaboración de un código de conducta común en el que se les obligue a hacer públicos sus intereses y permita al Estado controlarlos y sancionarlos.
En la misma línea, Podemos ha propuesto impedir que los lobbies puedan contratar a ningún diputados ni a sus asistentes o eventuales. Así, de contratar a un exalto cargo público, deberían informar sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.
El equipo de Iglesias también pretende obligar a todos los altos cargos a informar sobre sus nuevas funciones, sean remuneradas o no. Una información que deberá llegar tanto de manos del contratante como del contratado.
Por otro lado, han pedido conferir más poder a la Oficina de Conflictos de Interés, tanto en sus capacidades inspectoras como en las sancionadoras, para asegurar que se cumplan el resto de medidas propuestas.
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