Desde el Senado, reclama además al Gobierno que legisle sobre el «uso patrimonialista de las inauguraciones». El grupo de Compromís en el Senado ha presentado una iniciativa en la que piden regular el uso de la colocación de las placas conmemorativas de finalización de obras públicas pagadas con dinero público, «evitando partir de ahora una atribución patrimonialista del gestor o gestora, políticos de turno».
La moción reclama, además, retirar de manera inmediata de todas las dependencias e infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado, de aquellas placas o elementos conmemorativos donde figure el nombre de personas gestoras o representantes políticos condenados por corrupción, fraude a la Hacienda o condenas relacionadas con su tarea.
El senador Carles Mulet ha explicado que “la desafección de la ciudadanía con cierta clase política es evidente, especialmente por los casos de corrupción y el aprovechamiento que algunos están haciendo del cargo político o por la ineptitud como gestores públicos”. También recuerda el daño de “entender el servicio público a la ciudadanía como una especie de privilegio que sitúa al político a una esfera superior” a la del administrado y no como una aportación “temporal, voluntaria y desinteresada” para conseguir aplicar medidas concretas para mejorar la vida de todos y todas.
Mulet ha recordado que «hay en nuestras comarcas cientos de placas de alcaldes, presidentes de diputaciones o consejeros investigados por hechos muy graves o que se encuentran encarcelados ahora mismo por no ser personas modélicas y incumplir muchas leyes que prometieron respetar y hacer cumplir. Por ello entendemos que no se merecen figurar en ninguna placa dorada y ni siquiera hacer constar la apertura o inauguración de una obra vinculándola a ningún nombre en concreto, sea del partido que sea».
Según denuncia Compromís, la decisión política de elegir qué obras hacer o dejar de hacer, no tiene ningún mérito y “a veces incluso es un error”. “Por no hablar de aquellos casos donde con las grandes obras públicas se acaba creando comisiones que retornan al partido o los políticos, como los casos lamentables de los 3%, el caso Taula, Gürtel”, recuerda el grupo en la cámara Alta. Denuncian la práctica de “hinchar los precios de las adjudicaciones para sacar una buena comisión”.
“Esta práctica es un insulto al y la contribuyente, ya que son el ciudadano y la ciudadana normal los que han hecho posible estas obras, y ellos deberían ser quienes inauguraron sin alboroto las obras públicas cuando se ponen en funcionamiento, sin que esas inauguraciones generen más gastos públicos”. El partido cree que las placas deberían limitarse a las imprescindibles y contener información útil, pero obviando en todo caso a los representantes políticos, “que son simples gestores/as públicos que ya cobran por hacer ese trabajo”.
