Se trata del XVI Dictamen de la Dependencia, un estudio a partir de los datos oficiales del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que analiza tanto la información sobre personas que han sido evaluadas, diagnosticadas como dependientes y que reciben o no las ayudas comprometidas, como la relativa a la financiación del sistema nivel nacional y autonómico.
Según expone, en la última Legislatura el Gobierno ha recortado 2.865 millones de euros al sistema entre la supresión del nivel acordado de financiación, la reducción del nivel mínimo de aportación del Estado a las comunidades autónomas y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares que afrontaba la Seguridad Social.
En este sentido, afirma que el gasto público «se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley», que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, según ha recogido Europa Press.
«La realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4% restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema», exponen los directores y gerentes de servicios sociales.
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