En el pacto firmado con Ciudadanos, Pedro Sánchez diluye la mayoría de sus propuestas para eliminar privilegios a la Iglesia y se usa el mismo «término» que en el programa de Ciudadanos. Una de las iniciativas del programa del PSOE respecto a la relación Iglesia–Estado pasaba por suprimir el actual sistema de asignación tributaria del que goza la Iglesia, “eliminar la referencia” a la Iglesia Católica que hay en el artículo 16 de la Constitución Española y “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados”, entre otras medidas.
También proponía “proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en lugares de oración multiconfesionales”, un punto de total actualidad después del juicio a Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal de Madrid, por manifestarse para reclamar el cierre de una capilla de la Universidad Complutense.
Ese nivel de concreción se ha ido desdibujando desde que los ciudadanos metieron su papeleta en la urna. En el primer documento que el PSOE redactó para para conseguir el apoyo de los partidos en su investidura, sólo se hace referencia a dos medidas que aplicarían los socialistas: denunciar los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica y establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas.
Pero parece haber llovido mucho en diez días y ahora se impone el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” que hoy han firmado, con gran pompa, Rivera y Sánchez. En este pacto ya no hay lugar para la “denuncia”: sólo “se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica”. Es el mismo verbo usado en el programa de los ‘naranjas’, que proponía “revisar el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979”.
El otro punto que sobrevive es el de “ establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas”.
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