Podemos pide en el Congreso derogar el artículo del Código Penal que criminaliza la huelga

La formación registra una proposición de ley en la que propone eliminar las penas de cárcel para los piquetes informativos y agravar las sanciones a las prácticas antisindicales. El grupo de Podemos-En Comú-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que recoge penas de cárcel para los piquetes informativos, y aumentar a la vez el castigo de prisión y multa a quienes impidan el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

En su texto, que recoge Europa Press, la formación que lidera Pablo Iglesias recuerda que la Constitución reconoce como derechos fundamentales la huelga y la libertad sindical, y que el Tribunal Constitucional (TC) ha «confirmado en numerosas ocasiones» la legalidad de los piquetes informativos como vía para publicitar las acciones de protesta de los trabajadores.

Además, recuerda que la normativa penal en vigor ya recoge un delito de coacciones que hace innecesario un tipo agravado para los casos que se den en el ámbito laboral, mientras no se castigan por esta vía las «conductas antisindicales» de los empleadores que, sin embargo, son mucho más numerosas en los tribunales de los social.

Por eso, considera inaceptable que en el Código Penal se mantenga una «criminalización» de los piquetes informativos que procede de la dictadura de Primo de Rivera y que sólo pretende «disuadir» a los huelguistas y sindicalistas de ejercer sus derechos y «intimidar» a los sindicatos y a los trabajadores más activos.

Por eso, Podemos afirma que es «acuciante» reformar el Código Penal para eliminar el «inaceptable» artículo 315.3, que prevé penas agravadas de cárcel de entre 21 y 36 meses o multas de entre 18 y 24 meses a quienes, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

Pero, además, en su texto proponen modificar el resto del artículo para elevar las penas de prisión a quienes impidan o limiten el ejercicio de huelga o la libertad sindical de los actuales 2 años hasta los 3 años, además de imponer multas de seis a doce meses. Actualmente, el juez puede elegir entre uno u otro castigo.

Igualmente, la proposición de ley prevé que si las conductas antisindicales se llevan a cabo «con fuerza, violencia o intimidación», y no únicamente con coacción como reza actualmente la norma, se impongan «penas superiores en grado», que podrían superar a los castigos previstos actualmente de cárcel de 21 a 36 años o multas de 18 a 24 meses.

Por otra parte, la iniciativa parlamentaria añade nuevas disposiciones al Código Penal para que se sobresean las causas actualmente en tramitación, de modo que sólo puedan enjuiciarse otros delitos o faltas no prescritos; y que el Ministerio Fiscal anule las condenas ya dictadas en un plazo máxima de quince días.

Del mismo tiempo dispondría la Fiscalía para promover la revisión de todas las situaciones penitenciarias que pudieran existir, para cancelar los correspondientes antecedentes penales y para indemnizar a quienes hayan quedado privados de libertad en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Quienes hubieran pagado una multa deberían recuperar su dinero más los intereses legales aplicables.

Al margen de la proposición de ley, Podemos-En Comú-En Marea ha registrado además dos proposiciones no de ley para su debate en Pleno y en la Comisión de Empleo, con las que reclaman al Gobierno que ponga en marcha la derogación del mencionado artículo y que inste al Ministerio Fiscal a solicitar el archivo de todas las causas penales en curso, a revisar y anular las sentencias condenatorias, y a promover expedientes de cancelación e indemnización por todas las situaciones penitenciarias que ya existan.

300 sindicalistas encausados

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha explicado a los medios tras registrar las iniciativas que el artículo 315.3 del Código Penal es una «rémora inadmisible» heredada de la Dictadura que está siendo utilizada con «salvajismo» en los últimos años, como demuestran los más de 300 sindicalistas encausados «injustamente» en la actualidad.

«Casos como el de ‘los ocho de Airbus’ -que se enfrentan a una petición de cárcel de 66 años por participar en la huelga general de 2010- son absolutamente inaceptables para una sociedad que se quiere llamar democrática», ha proclamado, recordando que la Democracia española la consiguieron «los trabajadores, jugándose la libertad y la integridad física al ejercer su derecho a la huelga» y afirmando que «atacar el derecho a la huelga es atacar la Democracia».

De la misma opinión es la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que considera a estos sindicalistas «personas ejemplares, y no delincuentes», y ve una «barbaridad» que se les esté juzgando por ejercer su derecho a la huelga y a la libertad sindical.

Por parte de En Marea, la diputada Yolanda Díaz ha mostrado su solidaridad hacia quienes están siendo «víctimas» de una «represión brutal» que no se veía desde los estertores del Franquismo, y ha criticado el «ataque brutal» a los trabajadores, los sindicatos y el propio derecho al trabajo.

Junto a los diputados estaban los sindicalistas de Airbus que a partir de este martes se enfrentan a juicio en Getafe. En su nombre, el ex responsable del Comité Interempresas de Airbus y responsable del Sector Aeroespacial de CCOO, José Alcázar, ha deseado que otros partidos se sumen a la iniciativa, no sólo por ellos sino por todos los trabajadores amenazados con penas de cárcel «por el mero hecho de hacer huelga».

Tras asegurar que están «tranquilos» y que «confían» en que la Justicia les ampare, el exsindicalista ha deseado que a partir de este año «la Democracia vuelva a reinar y ningún trabajador entre en la cárcel por haber hecho una huelga, porque la huelga no es delito». En cualquier caso, ha reconocido que si resultan condenados solicitarán el indulto al nuevo Gobierno que les amnistíe para no entrar en la cárcel.

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