La plataforma ecologista denuncia que la suspuestas irregularidades en los contratos con fondos de Acuamed y Acuae “ha detraído recursos” del cuidado público del medio ambiente. Ecologistas en Acción señala que las irregularidades investigadas en la Operación Frontino no sólo tienen consecuencias sociales: “Las obras que están bajo sospecha también han tenido serios impactos ambientales”, denuncia la ONG en un comunicado. Consideran que la supuesta malversación de fondos públicos de Acuamed, que ya se ha cobrado la dimisión del subsecretario de presidencia, ha detraído recursos “para las ya escasas actuaciones ambientales que podrían paliar la crisis ambiental que ya vivimos”.
Ecologistas en Acción recuerda que se está indagando la falsificación de certificaciones y facturas que incrementaban los montos a pagar a empresas como FCC y Acciona. Y denuncia: “Mientras, se ha destinado muy poco presupuesto a la recuperación de ecosistemas deteriorados, a la construcción y gestión pública de depuradoras y de plantas de reutilización de agua, entre otros proyectos”.
Además, denuncian que las obras investigadas en la Operación Frontino no han contribuido a mejorar la situación ambiental, “más bien lo contrario: han impactado negativamente sobre los ecosistemas”. Señalan los casos de la construcción de presas para laminar avenidas en la rambla Gallinera y el río Serpis (Valencia). Ecologistas en Acción recuerda que lleva “mucho tiempo denunciando los impactos ambientales y la ineficacia de este tipo de infraestructuras para evitar los daños materiales y humanos causados por las avenidas de los ríos”.
También destacan que una de las desaladoras construidas por la empresa pública, en la localidad almeriense de Almanzora, “está situada en una zona con alto riesgo de inundación, por lo que su situación actual era bastante predecible por parte de la administración que aprobó su construcción”.
La plataforma explica que las presas y diques destruyen el bosque de ribera y deterioran la conservación de los ecosistemas fluviales. En numerosas ocasiones no respetan la reserva que deben mantener para recibir un elevado volumen de agua, “se pueden colmatar con rapidez perdiendo su función y dan lugar una falsa seguridad que promueve la ocupación urbana de zonas inundables”, lo que redunda en un mayor riesgo de inundaciones según la ONG.
Ante las irregularidades investigadas y los impactos ambientales que han generado las obras impulsadas por Acuamed, Ecologistas en Acción “considera que la solución más efectiva para evitar futuros escándalos es la disolución de las empresas públicas Acuamed y Acuae”. “Es necesario que sus competencias vuelvan de nuevo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para incrementar los controles sobre su actividad”, y recuerdan que esta fue una petición ya solictada al Tribunal de Cuentas en 2010 y 2011, “precisamente para evitar irregularidades como las que ahora están siendo investigadas”, expone la plataforma.
Caso Ercros
La ONG ejemplifica sus peticiones con el caso del “posible fraude de la descontaminación del embalse de Flix”, en la que denuncia una situación “insostenible ambientalmente e injusta socialmente”. La compañía Ercros ha vertido durante más de un siglo sustancias tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente y la salud al embalse y, “sin embargo, no se ha hecho responsable de su limpieza”. Tras varios años de batalla legal, la contaminación y el riesgo para la salud que ha provocado una empresa privada “es asumido por todos y todas las contribuyentes, también europeos, que están pagando 200 millones de euros para su limpieza”.
