Tanto la fiscalía como la abogacía del Estado defienden que sea aplicada la ‘doctrina Botín’ para que Cristina de Borbón quede sin cargos por el caso Nóos. En el comienzo del juicio por el caso Nóos la defensa de la infanta Cristina ha defendido su estrategia esperada: que la hermana del Rey no debe estar en el banquillo, basándose en que solo una acusación popular la señala como “cooperadora necesaria” de fraude fiscal. Pero no solo su defensa: tanto el fiscal Horrach como la abogada del Estado Dolores Ripoll han defendido la misma aplicación de lo que se conoce como ‘doctrina Botín’.
La abogada del Estado ha querido defender que la acusación popular no puede sostener la acusación de Cristina de Borbón, puesto que no hay un daño “al bien común”: ha recordado que la expresión «Hacienda somos Todos» es publicitaria, no jurídica, según declaraciones recogidas por El País.
Por el contrario, defiende que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado es el erario público, la Agencia Tributaria, para lo que ha citado a Laureano Figuerola, ministro de Hacienda en el siglo XIX.
La representante del Estado defiende, por tanto, que sí hay un perjudicado concreto, que es Hacienda, lo que invalida la existencia de una acusación popular, representada en este caso por el sindicato Manos Limpias. A falta de una acusación por parte de la propia Hacienda contra la infanta, ésta debería quedar libre de cargos según la Fiscalía y la abogacía del Estado.
Por su parte, el fiscal Horrach ha defendido a la hermana del rey en base a un extenso alegato de principios fundamentales que asisten a la figura más polémica de este caso. La infanta es una de las 18 personas acusadas dentro del caso que señala a su marido, Iñaki Urdangarin, y a su socio, Diego Torres, como cabecillas.
