El magistrado del caso Nóos denuncia un doble rasero a la hora de juzgar a Jaume Matas y no abrir diligencias contra Rita Barberá y Francisco Camps por el mismo tipo de contratos públicos. El juez José Castro ha defendido explícitamente su decisión de no aplicar la conocida como doctrina Botín para que la infanta Cristina se libre del banquillo en el juicio del caso Nóos. El magistrado que desde hace cinco año investiga los negocios del marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres, ha confirmado en una entrevista a Cadena Ser, previa al inicio del juicio que tiene lugar esta mañana: «No me planteo la posibilidad de que se aplique la doctrina Botín, tengo claro que no se puede», insiste José Castro.
La doctrina Botín podría salvar a la infanta atendiendo a que solo la acusación popular mantiene en el banquillo a la hermana de Felipe VI. Se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo que eximió de los cargos por una cesión de créditos al director del Banco Santander, Emilio Botín. El máximo tribunal estableció que ante la falta de acusación particular y de la Fiscalía, la sola presencia de acusación popular no permitía seguir adelante con la causa.
Esa será la estrategia que esgrimirá la defensa de la infanta, así como la Fiscalía, que recurrirán a la doctrina Botín para que esta sea la única comparecencia de Cristina de Borbón. La acusación popular en este caso es ejercida por Manos Limpias, que solicita para la infanta una pena de ocho años de cárcel y multa de dos millones de euros por delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 en grado de «cooperadora necesaria».
Por el contrario, una segunda sentencia del tribunal apoyó la opción contraria: la doctrina Atutxa nace de un juicio por desobediencia civil contra el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. Contra el dirigente solo recaía una acusación popular -también representada por Manos Limpias, acusación personada en el caso Nóos- . Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró en esta ocasión que la acusación popular sí representaba al conjunto de la sociedad, no así en el caso del juicio contra Botín, en el que Hacienda fue entendida como el ente dañado.
Doble rasero para Camps y Barberá
Sobre otro asunto espinoso del caso, el juez Castro también ha sido claro: cree que ha habido un doble rasero al mantener como acusado al expresidente balear Jaume matas, y que otros dirigentes políticos de Valencia no hayan sido investigados por el mismo tipo de contratos públicos con el Instituto de Urdangarín y su socio. «Mandé a Valencia una exposición razonada que avalaba que fueran imputados Rita Barberá y Francisco Camps, así que, en la medida en que no se aceptó no ha habido un trato igualitario».
El juez no espera un «resultado concreto» de este juicio y solo desea que la sala «tenga la serenidad, paciencia y energías necesarias para afrontar un juicio tan complicado y duradero».
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