Si todos los votos contasen lo mismo, la fragmentación del Congreso seguiría impidiendo una mayoría suficientemente amplia como para liderar un Gobierno de menos de cinco partidos, sin contar los coaliados de Podemos. Una de las grandes aspiraciones de los partidos emergentes y que engarza con la reivindicación tradicional de formaciones como Izquierda Unida es la reforma electoral. El reparto de escaños en función de las circunscripciones provinciales ha permitido al Partido Popular conseguir un escaño con 58.000 votos, mientras IU ha debido reunir un número de papeletas ocho veces mayor, más de 461.000 votos, para hacerse con un solo asiento en el Congreso.
Con un diseño igualmente basado en la Ley D’Hont aunque con una circunscripción única, habría números muy distintos, pero la fragmentación en el Congreso provocaría un “atasco” en la gobernabilidad muy similar al que ha surgido de las urnas con la actual ley electoral.
Eliminando las circunscripciones, PP obtendría 104 escaños en lugar de 123; el PSOE se dejaría once asientos y caería a los 79; Podemos ganaría cuatro diputados más y llegaría a los 73, y Ciudadanos ganaría un 25% más de representación, alcanzando los 50 asientos. El gran favorecido sería Izquierda Unida, que pasaría de tener 2 escaños a lograr 13 sillones en la cámara baja.
Los grupos nacionalistas, grandes beneficiados frente a fuerzas de tirada estatal, conservarían buena parte de sus logros, puesto que mantendrían la concentración de votos: los cambios se limitarían a un escaño menos para Esquerra Republicana de Catalunya, que bajaría a los 8 asientos, uno más para EH Bildu y dos menos para el Partido Nacionalista Vasco. Entrarían en la cámara baja el partido animalista PACMA con tres diputados y el gallego Nós Candidatura Galega conseguiría una representación. UPyD volvería a entrar, con un asiento para Andrés Herzog.
Cuentas imposibles y tres diputados para PACMA
Por tanto, si cada voto tuviese el mismo valor, las fuerzas de izquierda obtendrían un poco más de fuelle, gracias sobre todo a los escaños de Izquierda Unida. Pero la gobernabilidad se mantendría en una tesitura escabrosa: PP y Ciudadanos sumarían 154 escaños, y ni siquiera contando con PNV y la marca de Artur Mas los conservadores podrían rozar la mayoría absoluta.
Sumando a los de Pedro Sánchez con los de Pablo Iglesias y los de Alberto Garzón más los nacionalistas de ERC, un probable ala de izquierdas se quedaría a dos escaños de la mayoría absoluta, con lo que partidos como PACMA o EH Bildu podrían jugar un papel insólito si las fuerzas progresistas apostaran por formar Gobierno. Serían necesarios cinco partidos, sin contar con las formaciones adscritas a Podemos.
Pero si ya es difícil conjugar los números de un hipotético sistema electoral con una sola circunscripción, más complicado aún es confiar en una próxima reforma de la Constitución para modificar la ley electoral. Tanto por el procedimiento “simple” como por el “agravado”, son necesarias amplias mayorías en ambas cámaras del Parlamento.
De proponerse una reforma por el procedimiento simple, se requerirían tres quintos en el Congreso, pero también en el Senado, en el que el PP conserva la mayoría absoluta. De no lograrse, tendría que formarse una comisión paritaria de Congreso y Senado que propongan un nuevo texto. Si no hay acuerdo todavía se puede aprobar la reforma, pero se necesita mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso.
Por el camino largo, la reforma de la Carta Magna debería aprobarse por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado. Habría que disolver las Cortes y convocar elecciones, tras lo cual las nuevas cámaras deberían confirmar, por mayoría de dos tercios, que avalan el nuevo texto constitucional, que también habría de ser aprobado en un referéndum.
