Programas como el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica, sumada a la “excepcional” situación de crisis, han servido como aval. La Comisión Europea ha avalado la puesta en marcha de las políticas de liquidez que ha adoptado el Gobierno. Y por ello ha comunicado que suspende el procedimiento de infracción, por la aplicación de la directiva delucha contra la morosidad en operaciones comerciales. El Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica han servido para que Bruselas levantase el cerco a España.
Gracias a estos programas, el Gobierno ha afirmado que en el período 2012-2015 se han realizado pagos directos a proveedores por importe de 75.911 millones de euros, lo que ha permitido, según Hacienda, una reducción “muy sustancial” de la morosidad además del visto bueno desde Europa.
A pesar de que Bruselas ha reconocido que España no cumplía con el pago de los plazos marcados, Montoro ‘convenció’ a los organismos europeos escudándose en la “excepcional” situación de crisis económica que vivía el país cuando la normativa entró en vigor y en el cumplimiento del periodo medio de pago de todas las Administraciones Públicas para evitar así una posible infracción.
Rápidamente, desde Hacienda también se ha querido informar a la Comisión Europea del plan específico de erradicación de la morosidad en el sector público. Un programa que incluye un conjunto de reformas estructurales, como la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, por la que se introduce la obligación para todas las administraciones de calcular -con una metodología común- y publicar periódicamente su periodo medio de pago, o la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
