El Ayuntamiento de Madrid solo autorizará remodelaciones de estadios que no supongan ocupación de suelo público. El Ayuntamiento de Madrid ha dejado claro que la ampliación del estadio Santiago Bernabéu no podrá ser que la que proyectó Florentino Pérez con la ‘bendición’ de Ana Botella, ya que el equipo de gobierno, que preside Manuela Carmena, ha informado que no autorizará remodelaciones que supongan la ocupación de más suelo público.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha afirmado en la comisión del ramo que el Consistorio sólo aprobará reformas en el estadio Santiago Bernabéu o en los campos de cualquier club de fútbol siempre que sean “compatibles con el interés público, no suponga nuevas ocupaciones de suelo público y que se circunscriban exclusivamente al ámbito ocupado actualmente por las instalaciones de dicho estadio”, insistiendo en que el Ayuntamiento únicamente podría estudiar las propuestas de modernización del Bernabéu si se cumplen estas premisas.
Calvo también ha confirmado que se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, un encuentro en el que también estuvieron presentes el coordinador general del área, el director de Planeamiento y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, señalado que el hecho de que este encuentro no apareciera en la agenda pública de los concejales responde, en palabras de Calvo, a “un error informático o administrativo”.
Varios contenciosos administrativos declararon nula la modificación puntual del Plan General de 1997 aprobada en noviembre de 2012: pretendía aumentar la edificabilidad del estadio y la esquina del Bernabéu cubriendo el campo y construyendo una nueva fachada al Paseo de la Castellana, tal y como señala Europa Press, que recuerda que esta operación suponía la ocupación de suelo.
Como compensación se calificaba la actual esquina como zona verde y las cuatro fincas de 10.028 metros cuadrados de uso residencial con viviendas unifamiliares en Mercedes Arteaga-Jacinto Verdager (Opañel, en Carabanchel) adquiridas por el Real Madrid al Ayuntamiento, pasarían a ser calificadas como zona verde y equipamientos. Los tribunales consideraron que esta modificación no se sustentaba en el interés público e infringía la Ley del Suelo.
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